La Fiscalía de Menores de Huelva ha archivado el expediente abierto por una presunta vulneración de derechos en el IES Andévalo de Puebla de Guzmán. El expediente se cierra, según se informa desde la Fiscalía, tras haber recabado los informes y datos que ha estimado oportunos, pudiendo comprobar que el I.E.S. Andévalo «no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad. Y la consecuencia de ello es la de que, en el día de hoy, el Fiscal ha decidido el archivo del expediente de riesgo, no estimándose necesaria ninguna actuación adicional al respecto.
Además, desde la Fiscalía de Menores se pide «respeto por la labor de los profesionales de la educación» y se advierte de que «los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos».
El pasado día 6 de marzo la Fiscalía de Menores de Huelva incoó un expediente de riesgo para comprobar si la actividad organizada por este centro educativo de la provincia de Huelva podría suponer una vulneración de los derechos a no ser discriminado y a la libertad ideológica y de conciencia de los alumnos menores de edad.
La actuación se produjo después de que un medio digital nacional y el partido Vox hubieran arremetido contra este instituto de Puebla de Guzmán por haber propuesta como actividad para el Día de la Mujer que los niños salieran más tarde al recreo y no recibirían un material para una prueba, al objeto de que identificaran lo que es la discriminación. El instituto informó en su momento que tan solo se trataba de una propuesta y que la forma de dar la noticia fue malintencionada, ya que lo que se decía en la misma es que los niños iban a ser castigados sin recreo.
El expediente de riesgo es el vehículo normal que utiliza la Fiscalía de Menores para comprobar situaciones de posible desamparo, vulneración de derechos u otra clase de riesgos previstos en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. En lo que va de año 2019 se han incoado unos 170 de esos expedientes de riesgo y el año 2018 se cerró con 505. Con arreglo a la mencionada Ley Orgánica, la Fiscalía de Menores tiene la obligación de prevenir, detectar y reparar esa clase de situaciones. Este tipo de procedimientos no tiene como propósito descubrir o investigar delitos, como tampoco atribuir responsabilidades a persona alguna.
La Constitución Española encomienda al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Le ordena que ejerza sus funciones sometido a los principios de legalidad e imparcialidad. El Fiscal de Menores ha cumplido el mandato de la Ley guiado únicamente por criterios técnico jurídicos y el interés superior del menor; comprobando personalmente la noticia de que los derechos fundamentales de un grupo de menores de edad de la provincia podrían ser lesionados. La Fiscalía actúa ajena e indiferente ante cualquier otra clase de intereses o ritmos informativos.
