Un total de 7.397 personas se encuentran en lista de espera de recibir la Dependencia en la provincia de Huelva, según ha informado hoy la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
Durante su visita a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Huelva, Ruiz ha destacado que “la Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de choque en Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros, cuyo objetivo será incorporar al sistema, de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que su departamento presentó ayer en Consejo de Gobierno un informe sobre el estado de la situación de la dependencia en Andalucía, “ante la falta de transparencia del anterior Gobierno”.
Este informe “cifra en un total de 4.576 las personas actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) en Huelva, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia…). Esta cifra es de 75.097 en toda Andalucía”, ha subrayado. “Un total de 417 son onubenses valorados con Grado III, es decir, con una gran Dependencia, y que no están recibiendo ningún recurso pese a precisar de una atención continuada e inmediata”.
Además, Ruiz ha resaltado que este informe “ha concluido que 2.821 onubenses no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia. La cifra global en Andalucía es de 34.373”.
La consejera ha detallado que “a todas estas solicitudes, debemos añadir a aquellas personas que se encuentran en un limbo burocrático, es decir, personas que han presentado su solicitud en papel en los servicios sociales comunitarios y que ni siquiera están grabadas en el Sistema y no aparecen en ningún sitio”.
“El plan de choque aprobado tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases”, ha informado la consejera.
Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario. Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
Facilitar el acceso
En este sistema se podrá compartir la información y documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el procedimiento administrativo. “En definitiva, generar una Administración del siglo XXI y dejar atrás la burocracia del siglo XIX, que sufren sobre todo las personas beneficiarias y también los funcionarios y funcionarias”.
Otro de los objetivos marcados será la reposición de las bajas de las personas valoradoras, algo que hasta el momento no se había realizado. Además, otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
“El principal objetivo de este nuevo Gobierno será mejorar la calidad de vida de las personas. Como todas estas personas en lista de espera de recibir la Dependencia, que no son un número, sino que tienen un rostro, y que en muchos casos llevan años de espera sin respuesta. Es una situación insostenible y una cuestión de humanidad que lo resolvamos cuanto antes”, ha finalizado la consejera.
