Le piden un año de cárcel por mutilar a más de 20 perros

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La sala de lo penal 2 de la Audiencia Provincial de Huelva celebra este miércoles, 8 de mayo, vista oral contra dos personas, a una de las cuales la Fiscalía le pide una condena de un año de cárcel por mutilar a más de una veintena de perros. Para la otra, un veterinario, se solicita una multa de algo más de mil euros por librar un certificado falso.

Las peticiones que realiza la Fiscalía para los dos acusados son: por un delito de maltrato animal, la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación especial de 3 años para el ejercicio de toda profesión, oficio o comercio relacionada con los animales así como para la tenencia de los mismos. Y por el delito de uso de certificado falso la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6 €, sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Al segundo implicado se le acusa por el delito de librar certificado falso, por lo que la Fiscalía pide la pena de 12 meses de multa con cuota diaria de 6 €, sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, “como consecuencia de unas inspecciones desarrolladas por parte de los Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza de Niebla (Huelva) durante el año 2016, se pudo averiguar como en determinadas rehalas de la localidad se practicaba la mutilación de orejas (otectomías) y rabos (caudectomías) a los perros que tenían, causándoles a consecuencia de dicha práctica, un menoscabo grave en su salud.

Así, la otectomías y caudectomías son intervenciones quirúrgicas que cursan con una importante intensidad dolorosa, que exigen en aquellas situaciones en las que se hubiese de practicar con fines sanitarios y bajo el control veterinario en un protocolo de actuación completamente estructurado, con el fin de evitar las consecuencias adversas de las mismas. Dichas intervenciones, en caso de ser realizadas por personal carente de titulación veterinaria determinaría un riesgo de desarrollo de efectos adversos en el animal, tales como infecciones locales y sistémicas, transtornos cicatriciales, alteraciones del comportamiento, riesgos anestésicos, sufrimientos innecesarios y, en los casos más graves, el fallecimiento.


Igualmente, con posterioridad a dichas inspecciones, los dueños de las rehalas intentaban justificar su actuación presentando certificados que indicaban que dichas amputaciones las habían realizado veterinarios autorizados y por razones de salud del animal. Dichas certificaciones faltaban a la verdad, y fueron redactadas y presentadas a sabiendas de ello. Por ello los agentes desarrollaron una serie de inspecciones en el resto de rehalas.

Así, durante la inspección girada en el núcleo zoológico de rehala sito en el Paraje de El Ejido de la localidad de Valdezufre (Huelva), los agentes tomaron conocimiento de los siguientes hechos, que aunque fueron cometidos en fecha no determinada, ésta en todo caso fue no más de 3 o 5 años antes de las inspecciones. Por lo tanto, el acusado E J V D realizó por sí o a través de terceras personas no autorizadas legalmente y cuya identidad no ha sido determinada, la amputación de las orejas y rabos de 18 perros que tenía en dicho paraje, sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los animales.

Igualmente el acusado realizó por sí o a través de terceras personas no autorizadas legalmente y cuya identidad no ha sido determinada, la amputación de las orejas y rabos de otros 4 ejemplares que tenía en dicho paraje, sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los animales.

Dicha actuación, la referida a estos últimos cuatro perros, tuvo cobertura en la desplegada a su vez por parte del acusado J IG B O, Veterinario Colegiado en el Ilustre Colegio de Veterinarios de la Provincia de Huelva, que a sabiendas de su falsedad, emitió una serie de certificados que faltaban claramente a la verdad: indicaban que las amputaciones practicadas a los animales habían sido realizadas por las causas y con los requisitos exigidos en la legislación sectorial.

Los referidos certificados mendaces, a sabiendas de su falsedad, fueron exhibidos a los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza, para evitar las sanciones administrativas de las que pudiera haber sido acreedor el acusado E J V D”.

 

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