El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha pedido al Partido Popular en Andalucía que adopte “medidas inmediatas” contra su vicepresidente en Huelva, Alberto Fernández, por incitar al desacato, algo absolutamente inconcebible en un partido de gobierno”. Estas manifestaciones son recogidas en un vídeo, que lleva algunos días en las redes sociales, aunque no ha trascendido hasta este viernes, donde Fernández, en presencia también de David Toscano, el secretario general del PP en la provincia, lanza improperios e insultos contra el PSOE, su exconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y contra varias organizaciones ecologistas.
Pepe Fernández quiere que el presidente Moreno Bonilla se pronuncie al respecto y que condene enérgicamente estas manifestaciones y, por consiguiente, “adopte medidas contra estos dirigentes del PP onubense, uno por manifestar lo que piensan y otro por connivencia al guardar silencio ante tamaña barbaridad”. El vídeo demuestra “la verdadera cara del PP, la de no respetar las instituciones ni las decisiones de la justicia cuando cree que puede arañar un puñado de votos e incitar a la gente a que haga escraches”. Desde el PSOE se considera especialmente grave que Alberto Fernández agregue que la consejera Carmen Crespo esté al tanto de todo, lo cual “nos preocupa enormemente porque implica directamente a la responsable institucional de la que ahora dependen las cuestiones agrícola y medioambiental”.
Es “lamentable la actitud de Alberto Fernández, que ha sido servidor público porque ha sido alcalde de Ayamonte hasta hace unos meses, cómo de forma violenta incita a que se haga escraches y a que se fuercen situaciones desagradables como la que se produjo hace casi un año en el Ayuntamiento de San Juan con el mismo colectivo”.
Por tanto, “queremos de forma inmediata decirle al PP, primero, que pida disculpas y, segundo, que adopte las medidas oportunas, ya que no puede estar en la vida pública después de esta desagradable y desatinada actuación. Una persona, cuya forma de hacer política es incitar a la violencia, está desacreditada e incapacitada para poder seguir desempeñando ninguna función en el terreno público”.
