El Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva), a través de su decano, Fernando Vergel, ha suscrito y refrendado un comunicado contra el veto al abogado Agustín Martínez, famoso por defender a los condenados en el mediático caso de ‘La Manada’, después de la Universidad de Cádiz (UCA) le prohibiera intervenir en una jornadas en la que estaba prevista su comparecencia.
Vergel ha mostrado su “más enérgico rechazo” a este veto en un comunicado conjunto firmado por Pascual Valiente, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. El manifiesto, aclara Vergel, ha sido consensuado y refrendado por los decanos de todos colegios de abogados de Andalucía.
En el mismo, explican que más allá de las circunstancias concretas concurrentes en el caso de la exclusión del letrado Agustín Martínez, que «deberán ser objeto de aclaración por la Universidad afectada, los decanos suscribientes manifiestan su más enérgico rechazo al veto o limitación a la intervención en el acto del abogado Agustín Martínez».
Los decanos señalan que el concepto «veto, prohibición, restricción» es «irrelevante, pero el hecho (impedir la participación en unas jornadas sobre sexualidad) es sumamente grave», por lo que muestran su apoyo a la decisión del abogado José Manuel Jareño, Decano Emérito del Colegio de Abogados de Cádiz, de no participar en el acto tal y como estaba previsto.
“La libertad de expresión”, prosiguen los decanos, “es un derecho fundamental que garantiza y protege la Constitución Española, que no puede ser restringida por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, menos todavía en los foros, como la Universidad Pública, que deben ser garantes del ejercicio de este derecho». Por ello creen que «resulta intolerable cualquier actuación que directa o indirectamente sancione la independencia del ejercicio profesional de la abogacía, marginando al abogado por su intervención profesional en defensa de cualquier cliente y por cualquier delito».
Del mismo modo los abogados recuerdan que «la asunción de la defensa por un abogado en el proceso penal no supone la aceptación ni la conformidad del letrado con los hechos ni con la conducta de los autores, sino el ejercicio de la altísima función que la sociedad confiere a los abogados en el Estado de Derecho, garantizando el derecho de defensa como el más sagrado de los derechos del proceso. Sólo desde la salvaguarda del derecho de defensa que prestan los abogados encuentra legitimación el ejercicio del ius puniendi (facultad sancionadora) del Estado», concluyen.
