El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado este jueves las retribuciones del personal eventual y las dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación para la presente legislatura, con el voto en contra de UPU y Adelante, así como la abstención de Ciudadanos. El pleno ha estado cargado de polémica, ya que UPU ha anunciado ya que va a recurrir el acuerdo, por considerar que se ha vulnerado la Ley de Bases de Régimen Local con los sueldos asignados a las dos ediles no adscritas que se dieron de baja en el PP.

Sin embargo, tal como ha indicado el concejal delegado de Economía y Hacienda, Daniel Ferrera, las asignaciones cuentan con los informes favorables de la Secretaría y la Intervención municipal. Así, habrá dos puestos de personal eventual, uno a jornada completa y otro a jornada parcial.

En cuanto a los concejales del equipo de Gobierno, habrá seis concejales con dedicación exclusiva y dos con dedicación parcial. La alcaldesa no cobra su sueldo de las arcas municipales, puesto que lo recibe como diputada provincial. El concejal delegado de Presidencia, Festejos, Juventud, El Rincón y El Portil cobrará 34.500 euros al año. La de Igualdad, Bienestar Social, Mayores, Mujer y Comunicación 31.943 euros. La de Turismo, Playas, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Salud y Consumo 30.743,36 euros. El de Seguridad Ciudadana, Deportes, Protección Civil y Deportes, 31.000 euros. La de Urbanismo, Actividades, Ocupación de Vías Públicas, Cementerio y Mercadillo 34.500 euros. Y la de Desarrollo Local, Empleo, Pesca, Parques y Jardines, 34.500 euros.

Los dos ediles con dedicación parcial cobrarán 27.660 euros. Se trata del delegado de Economía y Hacienda, Contratación, Personal y Responsabilidad Patrimonial, así como de la edil de Educación, Almacén, Limpieza de edificios municipales y Limpieza viaria.

“Hemos hecho una redistribución de la partida dedicada a la Corporación para que sea más eficiente, puesto que tiene más sentido que cobren más las personas que van a dedicar su tiempo al pueblo desde el Gobierno, que la oposición por venir a unos doce plenos al año, entre Ordinarios y Extraordinarios”, ha afirmado Ferrera.

Para el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, “esto es la consumación de un contrato de compraventa de concejales”. Por su parte, Miguel Ángel Gallego ha explicado la postura de Adelante porque “no ha habido diálogo previo” y se reduce la asignación de los portavoces de los distintos grupos “dificultando la labor de la oposición”. Juan Luis Martín, de Ciudadanos, ha justificado la abstención pidiendo “más transparencia para entender el por qué de cada decisión”.

La alcaldesa ha cerrado la sesión subrayando su apuesta por “la transparencia y la coherencia”, recordando que fue José Carlos Hernández como alcalde el que quitó la asignación que recibía la oposición.

UPU RECURRIRÁ EL ACUERDO

El Portavoz de UPU ha anunciado que su grupo recurrirá el acuerdo municipal adoptado, «por el que se fija un sueldo de 34.500 € al año a las concejalas tránsfugas ex del PP, María Sacramento  y Amelia Gallardo, que a su vez son  los mayores sueldos de la corporación, y todo ello por vulnerar el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local que prohíbe que los concejales no adscritos mejoren su situación económica al abandonar el partido con el que concurrieron a las elecciones», según explica en una nota de prensa.

Según Hernández Cansino, “hoy se ha consumado el contrato de compraventa de las concejalas tránsfugas para que el PSOE tenga una mayoría absoluta que no le dieron las urnas”. Así, añadió, “el día de la toma de posesión se firmó el contrato y hoy se ha entregado el precio de la venta”.

José Carlos Hernández ha recordado que el acuerdo adoptado hoy en pleno con los únicos votos a favor de PSOE y concejales tránsfugas,  suponen un incrementos de mas del  40% de los sueldos de los concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría.

Según el Portavoz de UPU, “éste equipo de gobierno será el segundo que más cueste a las arcas públicas tras el de la primera legislatura de Gonzalo Rodríguez del año 2007-2011, con una pequeña diferencia de 3.500 €, pero entonces la deuda municipal era 2,5 millones y actualmente 21 millones de euros, y estando inmersos en un Plan de Ajuste con numerosos recortes.”

UPU explica en su comunicado que, «así, las ediles trásfugas María Sacramento y Amelia Gallardo,  tercera teniente de alcalde y concejala delegada de Desarrollo Local y Empleo, y quinta teniente de alcalde y concejala delegada de Urbanismo, respectivamente  son las que más ganarán, junto a Luis Manuel Alfonso (primer teniente de alcalde y concejal delegado de Presidencia), con 34.500 euros al año.

Por su parte la alcaldesa, Aurora Águedo, cobrará 6.288 euros por asistir a los plenos a los que hay que sumar 51.000 que va a percibir de la Diputación por dedicación exclusiva, lo que hace un total de 57.288 euros.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejala delegada del Área de Comunicación, Valentina Esteban también ve su sueldo incrementado y pasará a cobrar 31.943 euros frente a los 24.588 de la anterior legislatura.

El concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, percibirá un salario de 31.000 euros frente a los 27.660 que recibía el anterior edil que ocupaba esta concejalía.

Por su parte, Tamara Cazorla, concejala de Medio Ambiente, recibirá una remuneración de 30.743 euros, mientras que la anterior concejala percibía 24.588.

Mientras, los concejales de Educación y Limpieza y de Economía y Hacienda, Melissa Fernández y Daniel Ferrera percibirán un sueldo de 27.660 euros cada uno pero tendrán una dedicación exclusiva del 75%, por lo que podrán continuar con su actividad privada.

En cuanto a los asesores también aumentarán su salario. Ahora ganarán 28.200 y 20.868 euros cada uno, frente a los 17.709 que cobraban en la anterior legislatura.

Por contra, los portavoces de la oposición ven su sueldo reducido, drásticamente al bajar de los 17.703 euros a 3.600, es decir 300 euros mensuales, y el resto de los concejales de UPU no cobrarán nada.

Ante esta situación, Hernández Cansino ha manifestado que “tal medida es ilegal y que vulnera los artículos 14 y 23 de la constitución española conculcándose los derechos fundamentales de los concejales tanto de igualdad ante la ley como de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes”,  anunciando a su vez que “ también recurrirán  dicho acuerdo, llegando a los tribunales si hiciera falta”, recordando además  que “hay numerosa jurisprudencia que ha anulado acuerdos similares en otros ayuntamientos y a la postre han tenido los concejales que devolver todo lo cobrado indebidamente”.

“La intención de la alcaldesa, no sólo es ilegal sino antidemocrática, pretendiendo anular el legítimo ejercicio de la oposición en este ayuntamiento” explicó Cansino, según concluye la nota prensa.