(Firma: Manuel Mora Ruiz)  Sr. presidente: De nuevo toca a la corporación que presido, y a mí como alcalde, gestionar y resolver una situación difícil y relacionada con asuntos de su competencia. A nadie escapa la ilegalidad manifiesta de los pozos ubicados en terrenos municipales y la necesidad de su clausura, un hecho que, aunque se opongan, conocen todos y más los propios agricultores afectados. Nuestro Ayuntamiento, pese a su responsabilidad, que no culpa, y que nadie niega, aunque compartamos con otras administraciones y los propios afectados, se ha sentido en todo este proceso un convidado de piedra con escasa capacidad de maniobra y nula capacidad de intervención. Como corporación hemos intentado mediar en varias ocasiones, aunque el resultado ha sido nulo.

Cumplida parcialmente la orden judicial y clausurados 17 de las captaciones, a nosotros como Ayuntamiento nos queda la tarea de recoger los restos del naufragio e intentar gestionar el panorama que queda, que no es para nada halagüeño. La situación a veinticuatro horas del cierre de los pozos puede calificarse de DRAMATICA con seis explotaciones que han perdido el 90 por ciento del agua que gestionaban y 68,96 hectáreas que se perderán seguro si la llegada de aguas superficiales no lo remedía. Con las elevadas temperaturas actuales, con medias de 24 grados, y una amplitud térmica entre 19 y 34 º C, las posibilidades de supervivencia sin agua de los cultivos es nula y no alcanzarán a más de tres o cuatro días, en el mejor de los casos.

En el aspecto social, aunque sólo son un puñado las explotaciones, las familias afectadas directamente son una veintena, puesto que algunas de ellas adoptan la forma de sociedades, lo que de hecho empeora su situación, dado que al ser allegados, la quiebra afecta a todo el entorno familiar y la posibilidad de prestarse ayuda unos a otros. El número de trabajadores de estas explotaciones supera los 1.300 anuales, 300 de ellos actualmente en alta en las labores de mantenimiento, poda y preparación de terrenos, que  acabarán engordando las listas del paro en breve, en unos días, si la llegada de aguas superficiales no lo remedia.

El número de trabajadores indirectos mantenidos por estas explotaciones se estima en unos 700 entre operarios de nave, manipulación, transporte, administración, ventas….. con idéntico fin y resultado. Muchos de ellos, y esto no es una frase hecha, sino una realidad, amenazan con traer a sus hijos a las puertas del Ayuntamiento, o peor, a las puertas de la Confederación a que ese organismo los alimente. Día a día, los Concejales de este Ayuntamiento ponemos nombres y caras a esta tragedia y no son los rostros curtidos de agricultores; son caras de niños, de abuelos y abuelas pioneras y pioneros en estos cultivos, de esposas, de trabajadores, que no comprenden lo que les está pasando y que a lo único que aspiran es a cultivar su tierra y ganar su pan.

El coste estimado de siembra de estas hectáreas, fundamentalmente de arándanos y frambuesas, supera los 1.379.200 euros, con un coste de explotación que multiplica por cinco o seis esa cantidad. La inversión se perdería entera, de un plumazo, y sin remisión, en dos o tres días, y como quiera que una parte importante del dinero invertido procede del crédito, no sólo redundaría en la ruina de estas explotaciones, sino que afectaría a las familias al arrastrar las garantías hipotecarias y el ahorro acumulado durante años. Decir que estas familias lo perderían todo sólo sería redundar en lo dicho y mostrar la realidad evidente que se nos avecina. Desconocemos si como administración esta corporación, o cualquiera otra de las administraciones, tienen alguna responsabilidad al respecto, que esperemos que no, pero estamos seguros que estas familias reclamarán por la vía que les resulte más conveniente, y en cualquier caso, tendrán poco que perder tras la pérdida de sus explotaciones.

En este sentido, es de suma importancia reseñar que las explotaciones afectadas no son explotaciones ilegales (ilegales son los pozos), dado que todas ellas, han sido calificadas como de regadío por el Plan de la Corona Norte y han pasado el Diagnóstico de Impacto Ambiental (DIA), lo que las hace regables, como podrá comprobarse en la relación siguiente:

Estas explotaciones, que forman parte de las 318 hectáreas recientemente calificadas, tendrían ya el agua superficial sino se hubiesen producido los errores que retrasaron su calificación y la tardanza administrativa. O dicho de otra manera, estas hectáreas poseen todos los requisitos legales para recibir el agua de regadío y deberían estar regando ya, sino fuera por los problemas administrativos que han surgido, puesto que los legales no existen desde la aprobación del trasvase por ley. Por consiguiente, no existe impedimento legal para la transferencia de riego a estas hectáreas y se puede adoptar el camino de la concesión en precario y de urgencia por la propia Confederación Hidrográfica de su presidencia por la excepcionalidad de la situación. La capacidad para trasladar el agua a estas explotaciones existe y es real sin necesidad de nuevas obras o ampliaciones,  trasladando en el plazo de horas el agua a la tierra. Independientemente, como ya hemos puesto de manifiesto, desconocemos las consecuencias legales de este hecho para las administraciones y para nuestro municipio, pero de seguro serán alegadas y recurridas por los agricultores caso de producirse la ruina de sus explotaciones.

En el mismo sentido, como administración local afectada y perjudicada por este problema en nuestro entorno, queremos reiterar la firme voluntad de esta administración de cerrar los pozos ilegales y la de los propios agricultores, que son los más interesados y dispuestos a ello, puesto que este Ayuntamiento carece de medios humanos y materiales para llevarlos a cabo. No está de más reseñar que la puesta en regadío de estas 318 hectáreas supone la clausura de no menos de 100 captaciones de agua (los datos reales obran en poder de Confederación) y suponen el cierre de multitud de expedientes que cuestan a ambas administraciones, la suya y la nuestra, miles de euros anualmente. Como máxima autoridad local y en evitación de nuevos conflictos como el que hemos vivido en la actualidad, esta administración mantiene su oferta de mediar con las asociaciones de agricultores para el cierre definitivo de los pozos en un plazo corto y medio, así como la resolución de los expedientes actualmente en curso que podrían ser resueltos extrajudicialmente por los propios agricultores cuando cuenten con una fuente de agua superficial que les garantice la viabilidad de sus explotaciones. Así se han comprometido con esta administración y así se lo transmitimos en el presente escrito, reiterando nuestra necesidad de tiempo (un plazo prudencial y breve) para que podamos hacernos cargo de la situación.

En estos días hemos visto derrumbarse a nuestros pilares, esos hombres de 60, 70 y 80 años que nos enseñaron a cultivar y han llorado como niños al ver clausurada su forma de vida. El beneficio medioambiental de la sentencia judicial no debe provocar los daños sociales, económicos, humanos y familiares que va a causar el cierre en nuestro pueblo. Existe remedio. Hay Remedio.

Por todo ello, señor presidente, ruego tenga a bien tramitar por procedimiento de urgencia la concesión en precario de agua superficial a estas explotaciones que arriba se relacionan hasta que se solucionen de forma definitiva los problemas del trasvase y sus infraestructuras.

(Fdo.: Manuel Mora Ruiz es el alcalde de Lucena del Puerto)