(Texto: Sindicato ACAIP) Desde ACAIP HUELVA queremos denunciar el incremento exponencial de la conflictividad en los departamentos y módulos de vida regimental ordinaria en un contexto de carencia estructural de efectivos de vigilancia, unido al perfil de extrema peligrosidad de los internos que está recibiendo el Centro Penitenciario de Huelva, La Ribera, ya como centro de destino o como centro de tránsito.
En este sentido, hemos de citar en concreto, la grave sobrecarga del módulo de ingresos por los traslados de internos entre centros, que en un gran contingente se concentran en un solo día de la semana, provocando graves problemas de seguridad tanto en este módulo como en los restantes del centro penitenciario al tener que retraer efectivos de vigilancia de otros módulos residenciales, mermándose en conjunto la efectividad y seguridad en todo el centro. Además, el centro penitenciario ha de acometer esta tarea en una situación de pertinaz escasez de funcionarios/as para acometer con fiabilidad los trámites oportunos para llevar a cabo estas conducciones. Esto sin tener en cuenta las diferentes modalidades de vida y clasificación de los internos que son alojados en este módulo añadido a la sobrecarga de trabajo que estamos describiendo hace que se comprometa seriamente la seguridad de los trabajadores.
A su vez, ha de tenerse presente que los internos que son trasladados a Huelva mantienen un perfil de evidente peligrosidad, puesto que son internos que proceden de Primeros Grados, que tiene un régimen de vida especial, y que han sido reclasificados a toda carrera por la Administración Penitenciaria a Segundo Grado, sin comprobar si realmente están adaptados para llevar una convivencia normalizada en un módulo de vida ordinario.
Estos internos reclasificados y provenientes de otras regiones tienen un perfil de extrema peligrosidad y conflictividad, junto con una grave inadaptación al régimen de vida ordinario. Además generan graves incidentes ante la constatación de la inacción de la Administración Penitenciaria ya en vía administrativa ,por ejemplo no siendo trasladados los internos que han protagonizado graves incidentes que atentan de forma grave la seguridad del centro y de sus trabajadores, o ya judicial por la vía de lo penal, que degenera en franca impunidad al apenas contar con consecuencias los graves incidentes que protagonizan: tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, introducción de móviles, ataques físicos y amenazas contra funcionarios, violencia contra otros internos, autolesiones, etc.
Por otra parte, desde nuestro sindicato constatamos que se han multiplicado las agresiones entre internos y se han incrementado exponencialmente las agresiones a funcionarios hasta un punto de hastío de la plantilla de trabajadores del centro penitenciario de Huelva. De tal forma que este sindicato contabiliza en los últimos seis meses, al menos, siete agresiones a funcionarios que han necesitado de la asistencia de los médicos del centro.
Estas agresiones no son reconocidas como tales por la propia administración penitenciaria, porque esta ha creado los mecanismos jurídicos precisos precisamente para que no se reconozcan. Y junto con la falta de mecanismos de atención en los propios centros penitenciarios a los funcionarios agredidos, hace que que el programa destinado a reducir las agresiones a los trabajadores penitenciarios no solo sea una mecanismo jurídico para dejar de contabilizarlas sino también para desamparar a los trabajadores.
A esta desprotección de la administración penitenciaria se une a una desprotección jurídica ya que nuestro colectivo necesita imperiosamente una reforma legal que elevara a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad para evitar una impunidad judicial frente a las agresiones sufridas por los trabajadores así como una mayor protección jurídica en los tribunales de los trabajadores penitenciarios al igual por ejemplo que los fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado.
Y es que este colectivo ha vivido unas movilizaciones con distintos de gobiernos, donde el ministerio de interior dirigido por Grande Marlaska o por Juan Ignacio Zoido, no han desbloqueado un conflictivo colectivo sentándose a negociar con las organizaciones sindicales y poniendo fin a décadas de olvido de los trabajadores penitenciarios.
Por todas estas cuestiones, ACAIP ha solicitado una serie de reuniones con los candidatos al Congreso y Senado por la provincia de Huelva de las distintas formaciones políticas que participarán en las próximas elecciones de 10 de noviembre con el ánimo de transmitir las diferentes problemas que sufre los trabajadores del centro penitenciario de Huelva como del colectivo de trabajadores penitenciarios.
