El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado este jueves que «la alcaldesa no ha convocado el pleno extraordinario solicitado por su grupo municipal en el plazo de 15 días hábiles que estipula la Ley de Bases de Régimen Local».
No obstante, ante la negativa de Aurora Águedo, “la ley prevé que el pleno se celebre el décimo día hábil siguiente a la expiración del plazo de 15 días que tenía la alcaldesa para convocarlo desde que se solicitó” ha recordado Hernández Cansino. Por tanto, “el pleno se celebrará en aplicación de la ley el próximo 31 de octubre a las 12 horas, y así deberá notificarlo el secretario a todos los miembros de la corporación”, explica el portavoz de UPU
El Pleno fue solicitado el pasado 26 de septiembre por los seis concejales de UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría con objeto de debatir sobre las consecuencias y responsabilidades políticas y económicas tras la Sentencia 216/2019 de 18 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva que anula el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría de 27 de septiembre de 2017 por el que se aprueba la enajenación de las parcelas del SUNC/Antiguos depósitos.
Según José Carlos Hernández, “ésta es una muestra más del poco talante democrático de la alcaldesa y del temor a las consecuencias económicas que tendrá que asumir de su bolsillo por aprobar ilegalmente el proyecto”. “Tenemos una alcaldesa que igual se jacta públicamente de expulsar indebidamente de un pleno al líder de la oposición cuando le está requiriendo explicaciones o que pretende eludir el control del pleno ante un hecho de tanta repercusión como es la anulación del proyecto de las dos torres”, añadió Cansino.
Cabe recordar que el líder de UPU manifestó cuando se conoció la resolución judicial que anulaba el proyecto urbanístico que “la responsabilidad del equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias, dado que la sentencia era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.
Por ello – argumentó – “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos, tendrán que pagar con su patrimonio personal, los cuales se incrementarían si no se para ya el proyecto”.
Por otra parte, Hernández Cansino recordó que con la solicitud del pleno extraordinario, también solicitaba numerosa documentación e informes relativos a las eventuales consecuencias económicas generadas hasta este momento para el Ayuntamiento de Punta Umbría y las que pudieran generarse a partir de ahora en caso de confirmación por la Sala del TSJA de la sentencia que anula la venta de las parcelas de las torres. “Esperemos que ante la negativa de la alcaldesa los funcionarios municipales no pongan ninguna traba a la entrega de dicha documentación necesaria para el pleno”.
