La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de Cartaya en el litigio que ha mantenido con la Mancomunidad de Aguas de Huelva (MAS) a raíz de la salida del municipio de la misma en 2012.
El Alto Tribunal, en sentencia fechada el 15 de octubre de 2019, falla que no ha lugar al Recurso de Casación interpuesto por la Mancomunidad de Servicios de la Provincial de Huelva (MAS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del 13 de diciembre de 2016, que daba la razón al Ayuntamiento.
Según el Supremo, “ante el incumplimiento muy grave de la obligación principal del abono del canon” de la concesión demanial de las redes, señalado por el TSJA, resultó totalmente proporcionada y legal la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Cartaya de salirse de la mancomunidad, señalando en la sentencia que “no es desproporcionado responder al mismo con la resolución del convenio”.
De esta forma, el más Alto Tribunal español ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y zanja de forma definitiva la cuestión principal del contencioso entre el Ayuntamiento y la MAS, y su empresa instrumental, GIAHSA, que es el relativo a la salida del municipio de la mancomunidad.
Avala el procedimiento y deja claro que la actuación municipal no sólo se ajusta a derecho, sino que además estuvo totalmente justificada en base al incumplimiento de los acuerdos por parte de la Mancomunidad.
Con esta sentencia, según han destacado el alcalde, Manuel Barroso, y el primer teniente de alcalde, Juan Polo, “se pone punto y final a un procedimiento judicial que nos deja seis sentencias favorables al Consistorio, esta última ya definitiva, y en el que se ha puesto de manifiesto lo que siempre mantuvimos: la escrupulosa legalidad de la actuación municipal y el grave incumplimiento por parte de la empresa de aguas de los acuerdos adoptados con el Ayuntamiento, puesto que la empresa pública no abonó durante dos años el canon que debía abonar al Consistorio en base a los acuerdos adoptados por ambas partes”.
Para el entonces alcalde y ahora concejal de Economía “primero el TSJA y ahora el Tribunal Supremo dejan claro en sus sentencias que el Ayuntamiento de Cartaya actuó en todo momento conforme a la ley y en defensa de los intereses de los cartayeros y cartayeras, a los que, en plena crisis, Giahsa le debía más de cuatro millones de euros”.
Polo y Barroso han pedido finalmente responsabilidades “a quienes engañaron a los cartayeros y cartayeras argumentando que la salida de GIAHSA nos iba a costar 12,2 millones de euros, cuando se ha demostrado que los únicos incumplimientos que se han producido han sido por parte de la Mancomunidad de Aguas y no del Ayuntamiento, y que la única indemnización que han pedido los tribunales ha sido los 234.000 euros que la MAS ha tenido que abonar al Consistorio”.
