España, potencia en conexiones inalámbricas e internet

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Los números de España a nivel mundial ante la calidad del internet son bastante favorables y así lo comprueban las distintas pruebas de velocidad realizadas desde cualquier región del país. Los últimos reportes arrojaron los siguientes resultados:

          Usuarios de Internet: 33,9 millones de usuarios, 19º en el mundo; 72,0% de la población, 45º en el mundo (2019).

         Banda ancha fija: 11,4 millones de abonados, 13º en el mundo; 24,3% de la población, 37º en el mundo (2019).

         Banda ancha móvil: 25,0 millones de abonados, 13º en el mundo; 53,2% de la población, 24º en el mundo (2019).

          Anfitriones de Internet: 4,2 millones de anfitriones, 26º en el mundo (2019).

          IPv4: 28,4 millones de direcciones asignadas, el 0,7% del total mundial; 604 direcciones por 1000 personas (2019).

Banda ancha fija

La ADSL llegó a España en 1999. Desde ahí muchas fueron las tecnologías inalámbricas que se empezaron a usar en todo el país, incluso en las zonas rurales es bastante común tener una conexión de banda ancha bastante aceptable, siendo el principal proveedor de estos servicios Iberbanda que resulta ser filial de Telefónica de Movistar.

Además, existen otras empresas como San Pedro Wifi que no forman parte del monopolio de Telefónica. Típicamente San Pedro Wifi puede ofrecer velocidades superiores a 30 Mbit/s.

Banda ancha móvil

El uso de redes móviles para el acceso a Internet es importante debido a la alta penetración de los teléfonos inteligentes y móviles en España.

El uso de dispositivos USB para que los ordenadores se conecten a redes móviles también es común y algunos proveedores de banda ancha fija los ofrecen de forma gratuita o a bajo coste para su uso durante las vacaciones.

Censura de Internet en España

No hay restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet o, a partir de 2012, se informa de que el gobierno monitorea el correo electrónico o las salas de chat de Internet sin la debida autorización legal.

Las quejas sobre la censura de Internet en España se centran a menudo en los efectos escalofriantes que se derivan de la reducción de la definición de uso legítimo. En 2014, por ejemplo, se cerró la versión española de Google News, ya que la continuación de su funcionamiento habría requerido el pago de tasas por cada enlace de noticias que agregara.

La constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respeta estos derechos. La ley prohíbe, sujeto a la supervisión judicial, acciones que incluyan discursos públicos y la publicación de documentos que el gobierno interpreta como una forma de glorificar o apoyar el terrorismo.

La ley dicta que las personas que provoquen discriminación, odio o violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otras referencias a la ideología, la religión o las creencias, la situación familiar, la pertenencia a un grupo étnico o raza, el origen nacional, el sexo, la orientación sexual, la enfermedad o la discapacidad pueden ser castigadas con pena de prisión de uno a tres años.

La constitución prohíbe la interferencia arbitraria con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia y el gobierno generalmente respeta estas prohibiciones.

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