El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio muestra su satisfacción por la nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Navegación y Servicios aprobada hoy por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. El nuevo texto sustituirá al vigente desde 2001 para adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de derecho público y reforzará su papel como prestadoras de servicios públicos a las empresas. Con la entrada en vigor de la Ley, Antonio Ponce culmina su mandato al frente del Consejo Andaluz de Cámaras donde ha ejercido como presidente prácticamente desde su fundación.
El presidente del Consejo, Antonio Ponce, ha salido al paso para valorar la importancia de este esperado trámite, que supone una clara apuesta del actual Gobierno autonómico para la continuidad del sistema cameral andaluz, subrayando sobre todo el hecho de que haya sido por consenso y unanimidad del arco parlamentario, como ya ocurrió con la anterior normativa del 2001.
Asimismo, valora como un gran acierto del Gobierno que el texto de la nueva norma se base en criterios de utilidad pública y de vocación de servicio de las Cámaras de Comercio fortaleciendo sus funciones y ampliando sus servicios a las empresas, sobre todo, a las pymes. También fomenta e impulsa la coordinación intercameral y su representación a través del Consejo Andaluz de Cámaras.
La red de Cámaras de Comercio, por tanto, se presenta como un “imprescindible instrumento para coordinar, optimizar e impulsar recursos destinados al desarrollo de políticas publico-administrativas y de prestación de servicios a las empresas, destinados a acelerar el desarrollo económico, y la generación de riqueza y empleo”, añade Ponce. No en balde, el presidente del Consejo destaca que el texto normativo aprobado recoge un Plan Cameral para la ejecución de actuaciones de interés general que impulsará el carácter dinamizador de estas instituciones en la expansión nacional e internacional de las empresas, así como su competitividad en el contexto global en el que tiene que ejercer su actividad.
En este sentido, aplaude la norma que recoge diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de las Cámaras andaluzas, incluyendo una memoria económica de más de tres millones de euros para garantizar el mantenimiento de la red cameral.
Durante estos años de indefinición legislativa, las Cámaras han seguido prestando sus servicios en la más absoluta orfandad y precariedad, sometidas a grandes sacrificios y serias dificultades”, recuerda Antonio Ponce, que recalca la importancia de este aval económico para la supervivencia de la red cameral.
