El anuncio del nuevo decreto de escolarización de la Consejería de Educación, que entrará en vigor el próximo mes de marzo, ha sacudido nuevamente los cimientos del sistema educativo andaluz. Muchas son las organizaciones, sindicatos y colectivos en favor de la educación pública, las que ya se han manifestado oponiéndose esta decisión que, en contra de lo que se expone en la propia página de noticias de la Junta, no “nace del consenso con la comunidad educativa”.
Es éste el primer punto en el que la formación ecologista discrepa del nuevo decreto. Según su coportavoz Isabel Brito “cualquier mejora o avance en materia educativa ha de pasar, sin esquivar ninguna voz, por el debate y consenso de facto de todas las personas que conforman las comunidades educativas. La mal llamada libertad de las familias para elegir la escuela de sus hijos e hijas no ha sido preguntada abiertamente ni mucho menos escuchados los disensos de quienes conocen a pie de patio cuáles son las necesidades de la educación andaluza, el colectivo docente».
El nuevo decreto amplía las zonas de escolarización y condiciones para optar a centros concertados, aunque estos no estén en un radio cercano a la vivienda del alumnado. Esto es, si en una población de 25.000 habitantes hay cuatro colegios públicos y uno concertado, niños y niñas de toda la localidad pueden (por zona) optar a su matriculación en este último, sin tener en cuenta la cercanía efectiva a vivienda o trabajo de la familia.
Sin embargo, eso no ocurrirá con los centros públicos; es decir, la “libre elección” no contempla que en esa misma población se elija el centro público deseado, por las razones que sean (bilingüismo, mejor dotación en inclusión, mejores infraestructuras, etc.). Isabel Brito, coportavoz de EQUO Verdes Andalucía, manifiesta que “si sólo pueden elegir unos pocos, no es un acto de libertad, sino de segregación.”
Por su parte, Esteban de Manuel asegura que “los constantes recortes en plantilla, la incesante eliminación de unidades en Infantil y Primaria y el abandono en dotación e infraestructuras al que se ven sometidas muchas de nuestras escuelas públicas son la muestra de la hoja de ruta, ya heredada del antiguo gobierno socialista, que el gobierno conservador actual tiene marcada para privatizar un derecho humano universal, precisamente el que garantiza que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de educarse para incidir en una sociedad que adolece de justicia ecológica y social”.
Debilitar la pública, devaluarla e incluso denostarla – atendiendo a las lamentables palabras de Javier Imbroda, «la enseñanza pública debe dejar de mirar de reojo a la concertada y centrarse en mejorar» -, está siendo el campo abonado para promover que sean las propias familias las que decidan mirar directamente a la concertada como opción.
La formación verde insiste en que son muchos y otros los retos que el sistema educativo tiene por delante, entre ellos, bajar las inadmisibles ratios, acercar las escuelas a las poblaciones vaciadas, bioclimatizar los centros escolares, mayor dotación en profesorado y otros recursos que ahora dependen del poder de las editoriales, pero, sobre todo, insisten en que “tenemos el reto de asumir de una vez por todas el carácter transformador que ha de poseer la escuela. En un momento histórico de emergencia climática y civilizatoria, todos los esfuerzos han de orientarse al fortalecimiento del sistema educativo público andaluz en todos sus pilares, partiendo, por supuesto, del incremento de la inversión pública desde el 5% del presupuesto general hasta llegar progresivamente a un 7%, que garantice un sistema realmente inclusivo, garantista, compensador de desigualdades y realmente potente como agente de cambio.”
EQUO VERDES Andalucía también ha querido destacar y apoyar la labor diaria del colectivo docente andaluz, defendiendo su figura frente a las palabras de Imbroda; “la escuela pública quiere y debe mejorar, por supuesto que sí, pero no puede hacerlo en condiciones de precariedad. Maestros y maestras de la pública, quienes han pasado pruebas de acceso a la función docente establecidas por la propia administración, quienes recorren toda la geografía andaluza renunciando a sus proyectos de vida, quienes ven mermadas sus capacidades en favor de una burocracia fiscalizadora y estéril, han de presenciar cómo ahora, su máxima autoridad, la responsable y que debiera ser valedora de sus derechos y méritos, manifiesta públicamente su menosprecio en favor de intereses a todas luces alejados de los de la mayoría.” Ha sentenciado Mar Oliver, maestra de profesión y responsable de temas educativos en el partido a nivel andaluz.
