El portavoz de Adelante Huelva en la Diputación provincial y responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, valora positivamente las medidas de protección en materia agraria adoptadas por el Gobierno frente a la crisis del COVID-19 y considera que “ha llegado el momento de retomar el camino hacia un comercio agroalimentario justo que se inició antes de esta crisis, con las primeras medidas del Gobierno para garantizar precios justos en origen”.
El diputado provincial de Adelante Huelva considera prioritario “superar el actual modelo de mercado especulativo, estrechamente controlado por las grandes de cadenas de distribución, que arruina a los productores agrarios, comúnmente obligados a vender a pérdidas, y empobrece a las capas sociales más vulnerables, dificultando su acceso a alimentos de primera necesidad desproporcionadamente encarecidos”.
Calderón recuerda que “hoy, 7 millones de personas pasan hambre en Europa mientras la especulación hace que se pierda un tercio de los alimentos producidos”. Para el diputado provincial, “una Europa social debe tener entre sus objetivos estratégicos la transición hacia una modelo agrario común equilibrado que fortalezca al sector productivo y ofrezca garantías alimentarias a la población europea”.
Con estos objetivos, el Gobierno de España respondió pronto y bien a las movilizaciones del sector agrícola, impulsando medidas para garantizar precios justos en origen como la inclusión de los costes de producción en los contratos de compraventa o la persecución de la venta a pérdidas”.
También durante esta crisis del Covid, defiende Calderón, el Gobierno ha protegido al sector agrario con una batería de medidas de protección sanitaria, social y económica, destacando las actuaciones para facilitar el acceso al empleo a personas paradas y migrantes entre 18 y 21 años. Ahora tenemos la oportunidad de ampliar estas medidas, para dignificar las condiciones de vida de las personas temporeras migrantes y apuntar al verdadero objetivo: encabezar la transición hacia un modelo agrario común justo y equilibrado que garantice la supervivencia de los sectores productivos, el acceso a los alimentos de la población europea y condiciones de vida dignas para toda la población temporera.