La Confederación Comercio Andalucía, en representación del pequeño y mediano comercio, las asociaciones de personas consumidoras FACUA Andalucía y AL- ANDALUS y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como principales agentes sociales y económicos del comercio andaluz, han presentado este miércoles un pronunciamiento conjunto, ante la coyuntura que tiene que afrontar el sector en la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, reclamando al Gobierno de la Junta que abandone la vía de la unilateralidad y la imposición, abriendo un proceso de diálogo para alcanzar una Alianza en defensa del comercio andaluz, que apueste por buscar mecanismos que, ante la actual pandemia, permita que no se destruya tejido empresarial y empleo, garantice la seguridad de personas consumidoras y plantillas y permita competir en iguales condiciones a los diferentes formatos comerciales.
Comercio Andalucía, FACUA Andalucía, AL-ANDALUS, CCOO y UGT, que conformaron en enero una Plataforma en defensa del sector, recuerdan que éste representa más del 11% del PIB de Andalucía, con más de 137.000 empresas que ocupan a 524.256 personas, con un volumen de negocio que supera los 93.000 millones de euros. Un tejido empresarial compuesto en un altísimo porcentaje por pymes locales (más del 95% de las empresas), que generan más de dos terceras partes del empleo del sector, sin duda el más amenazado por la crisis sanitaria y de actividad generada por el COVID-19.
Ante esta situación, comerciantes, consumidores y trabajadores reclaman conjuntamente que, en el marco y de forma coherente con la apuesta política del conjunto del Parlamento Andaluz por la “Alianza por Andalucía”, se retome un compromiso expreso con la “Alianza por el Comercio en Andalucía”, aprobada por unanimidad en el Consejo de Comercio andaluz del 23/10/2018, abriendo un proceso de diálogo para actualizar y adaptar sus contenidos al escenario actual, marcado por la emergencia sanitaria del COVID-19, en torno a varios ejes:
– Medidas concretas e inmediatas que eviten la pérdida de tejido empresarial y de empleo en el sector comercial andaluz, permitiendo el sostenimiento y liquidez de las pymes, así como la continuidad del empleo mediante mecanismos no extintivos.
– Implementación, refuerzo y control de los mecanismos de prevención, higiene, EPI, seguridad y salud en los establecimientos comerciales, para proteger la salud de las personas consumidoras y trabajadoras, y lanzar un mensaje de seguridad y confianza.
– Realizar políticas que potencien un consumo responsable, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad adquisitiva que están teniendo muchas familias andaluzas, regulando para ello elementos de contención ante periodos escenarios consumistas generados artificialmente.
– Recuperar el consenso en la regulación, aplicación y racionalización de los horarios comerciales, modificando la desregulación radical impuesta por el Gobierno andaluz en el Decreto Ley 2/2020 (recurrido ante el TC por el Gobierno estatal), que impacta gravemente en el pequeño y mediano comercio, así como en el volumen y calidad de empleo.
– Potenciar la legislación de garantía y protección de las personas consumidoras, así como medidas destinadas a equiparar las reglas de juego con la que compiten los diferentes formatos, especialmente multinacionales del comercio online.
– Repensar, en diálogo con los actores del sector, el VI Plan de Fomento de Comercio Interior andaluz 2019-2022, aprobado de forma unilateral, que ha quedado descontextualizado por la crisis sanitaria, cuyas partidas económicas también han sido modificadas a posteriori de forma unilateral. Los cambios del sector se han acelerado y los ritmos, dimensiones y acciones para adaptarse al mismo deben ser otros, algo que debe realizarse apostando por la sostenibilidad del comercio presencial andaluz, como motor vertebrador de barrios y pueblos, y por el impulso de su necesaria transformación digital.
– Promover un Plan Integral de formación para las personas trabajadoras del sector.
– Potenciar el Diálogo social a nivel andaluz, provincial y local entre las Administraciones Públicas y los diferentes agentes económicos y sociales del sector, así como el papel de la negociación colectiva sectorial, para afrontar los retos de la actual situación.
