El colectivo de trabajadores de los centros de diálisis concertados de Huelva y el resto de Andalucía, compuesto por casi 1.000 profesionales al servicio del tratamiento sustitutivo renal, denuncia “trato discriminatorio” de la Junta de Andalucía y reivindica su derecho de puntuar en la bolsa única del Servicio Andaluz de Salud.
Asimismo, los trabajadores reclaman su inclusión en la medida aprobada por la Junta de Andalucía por la que todos los profesionales que están reforzando las plantillas de los centros sanitarios por el COVID-19, incluidos los contratados anteriormente, obtendrán el doble de puntuación por mes completo en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, o el día en que finalice el estado de alarma. “Una medida en la que incluyen excepcionalmente a las residencias de mayores y centros sociosanitarios donde se preste asistencia sanitaria, y sin embargo, se excluyen a los centros concertados de diálisis que atienden a pacientes del SAS al 100%”.
Igualmente, desde el colectivo ponen de manifiesto que “desde 2015 se nos excluyen de puntuar 0.1 por mes trabajado, siendo totalmente discriminatorio, cuando los pacientes que atendemos en las tres clínicas de la provincia de Huelva (Huelva capital, Cartaya y Minas de Riotinto) son 100% pacientes del SAS, realizando las mismas tareas que a un paciente del hospital de referencia, incluso con más carga de trabajo. Con la pandemia, están derivando pacientes del hospital a los centros periféricos para minimizar el riesgo de contagio, puesto que son pacientes de alto riesgo, con patologías asociadas”.
En relación a los test de detección del coronavirus, los trabajadores subrayan que “no sólo no nos hacen los test a los trabajadores, sino que a nuestros pacientes tampoco han sido considerados benefactores de dichos test, vuelvo a repetir que son pacientes del SAS y muy vulnerables. Se han dado casos de positivos entre ellos y aun así, han ignorado a casi los 250 pacientes que realizan su tratamiento en nuestras clínicas”.
Por todo ello han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, “para que revisen el por qué de éste trato discriminatorio. Estamos en un limbo, ni puntuamos, ni nos dejan trabajar en el SAS sin tener ningún tipo de exclusividad”, aseveran.
Realizamos las mismas funciones que los trabajadores públicos estatutarios del SAS, y los pacientes atendidos son derivados por el SAS, no es comprensible que no se nos valores ésta experiencia laboral.
