Desde Izquierda Unida en Huelva “manifestamos nuestra oposición a que las llamadas Tarjetas Monedero se gestionen desde el ámbito privado y exigimos al gobierno de la Junta de Andalucía que invierta en los servicios sociales públicos, reforzando financieramente a los servicios sociales comunitarios que se prestan desde ayuntamientos y Diputaciones”, ha declarado la responsable provincial de organización de IU en Huelva, Silvia Zambrano.
A juicio de Zambrano los servicios sociales requieren de muchos más recursos para poder desarrollar una autentica intervención social que responda a los principios establecidos en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, evitando la estigmatización de la población atendida y la privatización de los mismos.
Los Servicios sociales públicos han sufrido enormes recortes en los últimos años, provocados por las políticas de ajuste y privatizaciones, desarrolladas por los distintos gobiernos, tanto central como autonómico. La expresión más concreta de estos recortes, se han dejado sentir en todos los niveles de los mismos, y especialmente en el ámbito de los servicios sociales comunitarios dependientes de los ayuntamientos, en los cuales, con muy poco personal y con muy pocos recursos, se está intentando dar respuesta a las múltiples procesos de vulnerabilidad social de personas y familias afectadas por la crisis, sin que este sea el único objeto de intervención de los servicios sociales comunitarios.
Zambrano explica que la aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, que supuso un avance en esta materia, sigue sin terminar de dar los pasos para su desarrollo. En estos momentos, los efectos sociales de la pandemia del COVID19 pone de manifiesto la necesidad de reforzar los servicios sociales públicos con muchos más recursos humanos y financieros) a todos los niveles y especialmente en el ámbito local de los denominados Servicios Sociales Comunitarios que se desarrollan por parte de los Ayuntamientos y Diputación.
Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía, manifiesta su intención de seguir privatizando estos servicios públicos, con la puesta en marcha de la gestión privada de las llamadas “Tarjetas Monedero”, que a pesar de ser un recurso asistencial, pretende que sean entidades privadas quienes las gestionen.
El Consejo Andaluz de Profesionales de Trabajo Social ha criticado esta medida, ya que vulnera la propia Ley de Servicios Sociales de Andalucía, debido a que la prescripción de recursos debe hacerse siempre desde el ámbito público y la medida de la Junta de Andalucía supone la duplicidad de dichos recursos, creando distintos accesos a los mismos y estigmatiza a la personas que necesitan de estas ayudas para salir adelante.
