El secretario provincial del PCA en Huelva, Rafael Sánchez Velo, ha trasladado a la “Alianza por el Cierre del Vertedero de Nerva”, la adhesión de la organización que representa a dicho espacio, ante el intento de ampliación del vertedero, promovida por DITECSA y la Junta de Andalucía.
Subraya que «el vertedero lleva al menos 10 años sobrepasado, alcanzando a día de hoy 3 veces su capacidad máxima permitida, y su ampliación hasta 2032 sería un abuso contra la población de Nerva que no se debe permitir”, además recalca que «no se trata sólo de cerrarlo, sino también de mantener los puestos de trabajo que genera, en labores de seguridad y control tras su clausura, o en otras actividades previamente pactadas con los trabajadores y los sindicatos».
En la misma línea, Sánchez Velo defiende que «una empresa que en su web señala que están comprometidos con la calidad del servicio, el bienestar de sus trabajadores y el respeto al entorno, debe respaldar su propaganda con hechos, lo que se tiene que traducir en contribuir económicamente a la reparación de los daños causados al entorno y al futuro de la localidad de Nerva, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cierre del vertedero.»
Sobre esto último señala su «acuerdo en que las necesidades productivas de Andalucía requieren la existencia de plantas de tratamiento de residuos, pero que indudablemente éstas deben contar con todas las garantías de reparación del entorno y de proyección de futuro para el empleo, que nunca se pueden sobrepasar y que nuestro modelo productivo debe avanzar hacia un punto en el que los residuos a tratar se reduzcan al mínimo. Aunque se lamenta de que ese no es el modelo defendido por la Junta de Andalucía, ni antes con el PSOE andaluz, ni ahora con el trifachito».
Con esta adhesión, señala Sánchez Velo, «nos comprometemos con una problemática de calado, que en este caso afecta a Nerva, pero que viene siendo una práctica habitual de las empresas y de la derecha en nuestro país: poner los intereses particulares de las empresas más influyentes por encima del bien de la comunidad y eximir a éstas de la reparación de los daños, a pesar de que se han llenado los bolsillos con su actividad».
Sánchez velo añade que «en una situación compleja cualquier tipo de proyección de inversión pública, para el desarrollo económico y la creación de empleo, estará condicionada por las circunstancias de la localidad» y termina manifestado «las empresas tienen la obligación de aportar a la reconstrucción del país, no solo con sus impuestos, sino también cumpliendo con una serie de obligaciones legales, éticas y morales. Por su parte, la responsabilidad de la Junta es la de garantizar que estas obligaciones se cumplen, no la de mirar hacia otro lado o facilitar que un puñado de empresas, que son las que siempre se reparten el pastel, puedan campar a sus anchas por Andalucía».
