Los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación y de los Ayuntamientos de la provincia realizarán labores de información y asesoramiento a las personas que quieran solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

Para informar sobre esta nueva prestación, convalidada por el Congreso de los Diputados este mismo miércoles, la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha celebrado este viernes, en el Palacio Provincial, una charla informativa, a la que han asistido, junto a su titular, Manuela Parralo, la vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Rosario Delgado; diputados provinciales, responsables políticos de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la provincia mayores de 20.000 habitantes y las directoras de las nueve Zonas Básicas de Servicios Sociales en las que está dividida nuestra provincia.

Las personas asistentes a esta reunión de trabajo han recibido información, entre otras cuestiones, de los requisitos de acceso al IMV, documentación necesaria y vías de presentación de las solicitudes, para que así puedan trasladarla a los ciudadanos y ayudarles en la presentación de sus solicitudes.

El presidente de Diputación, Ignacio Caraballo, que ha saludado a las personas participantes y  agradecido a todas las administraciones y organizaciones privadas el trabajo realizado durante los peores momentos de la crisis sanitaria, ha señalado que el Ingreso Mínimo Vital significa no sólo un avance en los derechos de la ciudadanía sino “una importante contribución para conseguir una sociedad más inclusiva e igualitaria”.

Por su parte, Manuela Parralo, ha resaltado que “ha sido un Gobierno progresista el que ha puesto en marcha el IMV”, al que ha definido como “una medida estructural, no coyuntural, que devolverá la dignidad a muchas personas que nunca debieron haberla perdido”.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, que ha agradecido a Diputación su colaboración en la materialización de esta charla informativa “que acerca el INSS a la ciudadanía”, también ha apuntado que el Ingreso Mínimo Vital supone “un antes y un después”, y que “era una asignatura que España tenía pendiente”.

María Eugenia Limón, que ha resaltado la colaboración de los servicios sociales comunitarios y municipales con una medida “trascendental para la protección social contra la pobreza”, ha recordado que la Diputación de Huelva, en estrecha colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, ha estado “desde el minuto cero” al lado de las personas y familias más vulnerables, adoptando las medidas necesarias para hacer frente a la crisis producida por la pandemia.

La vicepresidenta de Territorio Inteligente también ha incidido en la “dignidad” que aporta la nueva prestación y su capacidad para “fortalecer la estructura económica de muchas familias onubenses”.

Por último, la directora provincial del INSS, Rosario Delgado, ha destacado que un grupo de 16.000 familias de la provincia de Huelva, que ya eran beneficiarias de la Protección Familiar por Hijos a Cargo, podrán cobrar la nueva prestación sin necesidad de instar la solicitud. También ha incidido en la necesidad de tranquilizar a las personas solicitantes en cuanto a la presentación de solicitudes para evitar colapsar la gestión, teniendo en cuenta que las solicitudes presentadas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre producirán sus efectos desde el 1 de junio.

El Ingreso Mínimo Vital, que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros al año, tiene como principal objetivo combatir la pobreza severa, por lo que está considerado como una medida de justicia social y un derecho subjetivo de la ciudadanía.

Las familias más vulnerables que no disponen de recursos, que han visto agudizada su situación a causa de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, son los potenciales beneficiarios de esta prestación, por lo que su acceso dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona solicitante, además de unos requisitos básicos, entre los que se encuentran, tener entre 23 y 65 años (o 18 años si hay menores a cargo), acreditar residencia legal y efectiva en España de forma ininterrumpida durante al menos un año antes de la solicitud y estar inscrito como demandante de empleo.

Se calcula que dos millones de personas, unos 850.000 hogares, se beneficiarán en toda España de esta prestación, que irá desde los 460 a los 1.015 euros al mes por hogar, dependiendo de factores como si se tiene a personas mayores o hijos a cargo y de los ingresos declarados en 2019.

La nueva prestación no contributiva, también denominada renta o salario mínimo vital, podrá solicitarse desde el 15 de junio a través de la Seguridad Social, de quien depende oficialmente la ayuda.