El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado este jueves que su formación interpondrá acciones penales, contables y patrimoniales contra la alcaldesa y el equipo de gobierno de Punta Umbría tras la sentencia del juzgado de lo Contencioso administrativo número 3 de Huelva que anula la adjudicación del proyecto de las dos torres a la empresa Riaumbría Towers SL.
Así, por un lado interpondrá denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por otro ejercerá la acción contable para reclamar al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto.
José Carlos Hernández ha añadido que “el juez en esta nueva sentencia precisamente recalca que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.
Por otra parte, ante el anuncio del equipo de gobierno de iniciar un nuevo proceso de venta el portavoz de UPU manifiesta que “hasta que no finalicen todos los procedimientos judiciales pendientes no se podrá iniciar ningún nuevo procedimiento de venta del suelo” recordando que “existen todavía dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, además de la falta de firmeza de la última sentencia”. “El Juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender” aclaró Cansino.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que de nuevo se confirma tendrá que pagar primero e irse”.
Hernández Cansino recuerda que “es la quinta sentencia judicial que nos da la razón y que vuelve a constatar la ilegalidad del proyecto, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto 0 y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es obvia”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada”.
Por eso ha argumentado que “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.
