La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha manifestado este miércoles en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz acerca del desdoblamiento del túnel de Sal Silvestre que “el túnel per se no soluciona la problemática del agua”, ya que “se necesitan muchas obras aún no programadas aguas abajo” del mismo.
En este sentido, “sería conveniente que la Junta hiciera el proyecto y existiera una planificación mínima sobre ello”. Asimismo, ha señalado que la obra “deben pagarla fundamentalmente los regantes”, sobre lo que se pregunta si estos “podrán y querrán asumir los costes, ya que además los cánones no se actualizan desde 2011, en una clara irregularidad”.
Según González “es necesario decidir el modelo de desarrollo vinculado al agua en la provincia onubense antes de comenzar las obras del túnel de San Silvestre”. Es decir, “consensuar qué obras son necesarias, cómo se financian y qué reglas de exploración y gobernanza son las que se van a aplicar”.
Además, la parlamentaria ha lamentado “el despropósito que está suponiendo la obra, convertida en un pulso político entre el PSOE y el PP, ya que la legislatura pasada el PP le reclamaba soluciones a la Junta y ahora se las pide al Estado”. De todo ello, “se aprovechan los especuladores”, indica, para insistir en que “hay mucha demagogia en torno al túnel”, cuando, a su juicio, “el objetivo es aclarar qué queremos hacer con el sistema agroalimentario, asentado sobre distintos formatos de extractivismo donde la ley que impera es la de priorizar el desarrollo económico por encima de cualquier otro principio”.
Así,
omo “una ley de trasvase del Tinto-Odiel imposible de aplicar, una toma del Guadiana que ni siquiera se consultó con Portugal y la presa de Alcolea, que la propia Junta calificó con aguas altamente contaminadas, y ahora la sugieren para laminación”. Además, “el canal de Trigueros ni siquiera está proyectado”, con la repercusión económica que supone.
Por otra parte, “la duplicación del túnel debe abordarse en el Convenio de Albufeira entre España y Portugal, debido a la ubicación del mismo, cosa que no se ha hecho todavía”, ha apuntado. Además, la “posible rotura” del mismo y su arreglo, es una opción “que hay que valorar pero que no ha ocurrido en 40 años”, así como tener en cuenta que el abastecimiento de agua al entorno de Doñana “está garantizado”.
Sin embargo, González ha sido clara al afirmar que “la necesidad del agua es para nuevos regadíos”. En este punto ha explicado que estas intenciones se traducen en “un incremento de la industria extractiva, con una explotación de mano de obra hasta puntos inimaginables”. Todo ello en medio del “cruce entre la opresión de género, raza y clase”, que, según la política, “es necesaria para que este sistema agroalimentario global siga funcionando y mermando los recursos ecológicos del territorio”.
Así, ha remarcado que “es evidente la violencia intrínseca de ese sistema, que determina una “cultura de la muerte”, ejerciendo un verdadero ecocidio al destruir la vida en todas sus formas”. Por ello, la diputada anticapitalista ha afirmado que desde su formación apuestan “por la soberanía alimentaria como proyecto político transformador y la agroecología como forma de generar cadenas agroalimentarias justas”.
