El portavoz de Adelante Huelva en la Diputación Provincial defenderá en el próximo Pleno de esta institución una iniciativa destinada a impulsar, contando con la colaboración de los ayuntamientos afectados, una campaña para facilitar el empadronamiento de la población temporera.
Calderón explica que “aunque los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas extranjeras residentes, con independencia de su situación legal o administrativa, cada vez son más frecuentes los consistorios que dificultan el empadronamiento de extranjeros en situación irregular”. Según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía estas dificultades para empadronar a migrantes se dan, principalmente por parte de los ayuntamientos de Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, donde a pesar de que estas personas acuden a los mismos para ello, incluso acompañados por voluntarios para ayudarles a cumplir este trámite, no logran empadronarse”.
Estas restricciones para formar parte del padrón municipal vulneran los derechos de las personas extranjeras al acceso a los servicios públicos, lo que agrava las durísimas condiciones de vida de las más de 3.000 personas que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva y que como hemos visto durante los últimos dos días tienen comprometida su seguridad y lo están perdiendo todo por los incendios que se repiten en los asentamientos chabolistas donde sobreviven en condiciones inhumanas.
Gran parte de estas personas son temporeras y temporeros que también sufren dificultades para regularizar su situación laboral en España. La carencia de permiso de trabajo impide que las empresas agrarias puedan contratarlos para ofrecerles un salario digno y satisfacer las necesidades urgentes de mano de obra. Por ello, David F. Calderón incluye en esta iniciativa que se inste al Consejo de Ministros del Gobierno de España que impulse los trámites necesarios para ofrecer permisos extraordinarios de trabajo en el sector agrario a las temporeras y temporeros, además de que se regule la obligación de las empresas que los contratan a facilitarles alojamientos durante la campaña agrícola.
