La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado declarar formalmente “en riesgo de no alcanzar el buen estado” a las masas de agua subterráneas La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Con esta declaración de sobreexplotación, cuya tramitación se inició en febrero de 2019, el Organismo de cuenca queda obligado a elaborar un programa de actuación para la recuperación de las masas de agua y un plan de extracciones para la explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar el estado de estas masas, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados. Este programa, que previsiblemente estará listo en un año, se elaborará contando con la participación de las comunidades de usuarios de las aguas subterráneas, cuya constitución ya está en marcha.
El programa, que permitirá un mayor control de la gestión del agua, determinará los volúmenes de uso de agua autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes y permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento. Mientras se tramita el plan, la Confederación puede, en su caso, adoptar medidas cautelares.
En paralelo a la declaración, el MITECO trabaja para para que Doñana sea objeto de un análisis especial en el Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica y, de hecho, se ha incluido en el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), que en la actualidad se encuentra en fase de consulta pública. Además, fruto de la intensificación de las tareas de control e inspección en todas las confederaciones, en 2019 se han efectuado 97 inspecciones a parcelas, levantado 43 actas y denunciado una superficie de 379,3 hectáreas de riego no autorizado.
Al trabajo de inspección se unen las tareas para ejecutar las decisiones judiciales de cierre de extracciones ilegales. Desde agosto de 2019 se han cerrado 116 pozos sin autorización por ejecución forzosa, entre ellos los 77 pozos de Lucena del Puerto (Huelva) y los 4 sondeos de Almonte ubicados en la finca de mayor superficie irregular de Doñana.
También en los últimos dos años se han revisado y tramitado más de 400 expedientes en distintas situaciones administrativas, para garantizar la actividad sostenible de los usuarios de Doñana. Entre ellas, la resolución de las concesiones de Matalagrana y El Condado, otorgadas el mes pasado que, junto a la Comunidad de Regantes de El Fresno, autorizada en 2019, supone la regularización de los derechos de agua de una extensión agrícola de más de 2.100 hectáreas, amparadas por el Plan de la Corona Norte de Doñana de la Junta de Andalucía.
Estos derechos han permitido el cierre de 250 pozos, que alcanzarán los 450 una vez finalice la regularización de las 318 hectáreas pendientes de la C.R. El Fresno, actualmente en tramitación. Asimismo, el Organismo de cuenca podría contemplar el recrecimiento del embalse del Agrio, para disminuir las extracciones de aguas subterráneas en el entorno del Guadiamar; la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Matalascañas; y el impulso a la sustitución de los dos sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional en el término municipal de Almonte (Huelva), por otros dos ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad.
