La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha presentado este martes una denuncia en la Fiscalía de Huelva donde hace constar «los derribos de 20 chabolas de un asentamiento de infraviviendas de Lucena del Puerto por parte de operarios del Ayuntamiento, sin avisar a las personas que allí vivían». Además, detalla «la negativa de su alcalde, el independiente Manuel Mora, de empadronar a los migrantes que viven en las chabolas, tal y como recoge la ley en la Resolución del 29 de abril de 2020».
González ha explicado que “durante este mes en el asentamiento han entrado operarios municipales con maquinaria pesada y, aprovechando que los adultos estaban trabajando y sin contar con ningún tipo de autorización judicial, han forzado a los moradores de las infraviviendas, en su mayoría mujeres, a abandonarlas, y han derribado a continuación una veintena de chabolas”.
Prosigue relatando que en las infraviviendas derribadas “había mobiliario, ropa y enseres personales de las familias que las ocupaban, y que ahora quedan a la intemperie”. Asimismo, ha hecho hincapié en el “miedo a denunciar de las personas afectadas”, que son temporeros agrícolas y sus familias, debido a su situación irregular en España.
Por otra parte, en la denuncia, González señala que estas actuaciones “coinciden en el tiempo con la negativa del alcalde de Lucena de empadronar a migrantes”, tal y como recogieron los medios de comunicación, “negativa que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal, al igual que ocurre con el desalojo, si en este no existe actividad administrativa”, matiza.
Hay que recordar que hace más de una semana se produjo un incendio en uno de los asentamientos ubicados en dicho término municipal, además de otros dos en Lepe, agravando la situación y dejando también a cientos de migrantes sin un lugar donde estar y sin sus pertenencias, en más de un caso con la quema de documentos necesarios para regularizar su situación en España. A ello hay que añadir la forma de proceder del primer edil lucenero, que aseguraba que empadronar a los inmigrantes era “ilegal”, a pesar de las normas publicadas en abril por el Gobierno de España, durante el estado de alarma, que decían expresamente lo contrario.
Asimismo, las circunstancias de los trabajadores y trabajadoras del campo onubense “se han visto terriblemente agravadas por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que, a pesar de las ayudas de casi 2,3 millones de euros de la Junta de Andalucía aprobados para paliar la problemática, en todos los asentamientos de Huelva (49 repartidos entre Lucena, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera) sigue sin existir una red de saneamiento básica que contribuyera además a cumplir las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19”.
