(Firma: Cristina Velazco Gómez) Tengo treinta y tres años y no soy madre, ni quiero. Hace algún tiempo decidí, cansada de anticonceptivos hormonales, que quería someterme a un bloqueo tubárico bilateral (ligadura de trompas); así que pedí cita en ginecología para solicitarlo. Me encontré con un «no» rotundo, sin explicaciones ni rodeos, un simple no, de la profesional que me atendió.
Enfadada, ya que llevaba mucho tiempo meditándolo, puse la reclamación pertinente y me personé ante la dirección de ginecología, para que me dieran una explicación sobre por qué no podían intervenirme; y tras hablar personalmente con varios profesionales, por fin atendieron mi petición, ya que la ley nos respalda en nuestro derecho de elegir y opinar sobre nuestra salud sexual y reproductiva.
El bloqueo tubárico bilateral es uno de los derechos reconocidos en la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud. La única condición previa es que la persona reciba la información adecuada y sepa que renuncia al derecho a recibir servicios de reproducción asistida posteriores, a través del mismo.
En todo este trayecto, desde la solicitud hasta el mismo día de la intervención, he tenido que escuchar lindeces de todo tipo, como «eres demasiado joven, seguro que cambias de opinión», «¿y tu marido está de acuerdo con todo esto?» o «pues que se haga él la vasectomía». Incluso el mismo día de la intervención, a las puertas del quirófano, una enfermera me preguntó varias veces si estaba segura de lo que hacía.
He de decir que todos estos comentarios vinieron de profesionales del sector, en especial de mujeres, ya que mi familia y mi entorno me han apoyado al cien por cien.
En este tiempo he tenido la oportunidad de conocer a más mujeres a las que se les ha negado su derecho; a algunas que, como yo, no quieren ser madres, les han puesto trabas tanto en el sector público como en el privado. Otras, que han sido madres, han recibido largas por parte de especialistas, postergando su decisión una y otra vez, sin ni siquiera informarles de su derecho, como si no existiera.
A nosotras se nos exige ser madres y se nos mira mal si no queremos serlo. Se nos trata como a niñas, incapaces de tomar decisiones o de ejercer derechos, con condescendencia y paternalismo. Solo se nos permite acceder a anticonceptivos hormonales o invasivos y poco fiables, como el DIU o el ESURE.
Todas tenemos derecho a elegir si queremos vivir, o no, la maternidad, con igualdad y libertad, ya que no somos personas gestantes, sino mujeres, sujetos de derechos y obligaciones, que han de ser iguales para todos y todas, indistintamente de nuestra clase, cultura, condición sexual, etc.
