La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha aplaudido este lunes la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva que “quita la razón a una resolución del Ayuntamiento de Lepe donde se recogía que un migrante que había solicitado empadronarse en una de las chabolas de los asentamientos de la localidad no podía hacerlo”.
Así, la sentencia explica que el ciudadano en cuestión “tiene derecho a estar empadronado en el término municipal de Lepe con efectos desde la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento el 18 de septiembre de 2019, y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por tal declaración”. Por ello, González ha manifestado su satisfacción porque “con esta nueva sentencia las administraciones locales no pueden seguir mirando para otro lado, saltándose la ley como vienen haciendo, sin empadronar a toda esta población”.
El estar empadronados constituye para cualquier ciudadano una prueba que da fe de su lugar de residencia, sea esta cual sea, y “para los migrantes es algo vital que certifica cuánto tiempo llevan residiendo en España, sobre todo a la hora de regularizar su situación”, ha detallado. “Es lamentable que todas estas personas levanten la economía onubense pero luego no se les quiera reconocer un derecho básico”, critica.
La sentencia, que da la razón a la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), explica que la persona que solicitaba el padrón acompañaba “plano de ubicación y diversos documentos acreditativos de su estancia en la localidad”, entre ellos certificados de uso de servicios sociales de la localidad, “la solicitud de tarjeta sanitaria, factura de compra en Worten y diversos justificantes de transferencias realizadas desde el pueblo”.
“A pesar de todo, el Ayuntamiento sacó una resolución en contra de este empadronamiento justificando que era difícil de encontrar a esta persona entre las distintas chabolas del asentamiento y por sus movimientos entre ciudades”. Se trata de una justificación que “casi resulta un insulto a la inteligencia”, critica González, para abundar en que “estas normas se reafirmaron en mayo de este año por parte del Gobierno central con motivo de la pandemia, para intentar garantizar algunos derechos a la población migrante”.
En este sentido, son varias las leyes que confirmar esta sentencia, que “viene simplemente a cumplir con lo dispuesto en la legalidad”. Así, aparte del BOE del Ministerio de la Presidencia del 2 de mayo de 2020, también hay normas de 2015 que vienen a delimitar estas cuestiones, por lo que “no entendemos que los ayuntamientos se salten la ley a la torera”, ha lamentado.
Por otra parte, la diputada anticapitalista ha matizado que “los ayuntamientos están muy solos ante esta cuestión, y necesitan sin más demora que el resto de administraciones se sienten en la misma mesa a buscar soluciones reales para un problema que se ha agravado durante la pandemia y que lleva décadas existiendo y siendo ignorado”.
Así, ha recordado las “condiciones infrahumanas” en las que se encuentran los migrantes, que “malviven en los 49 asentamientos de la provincia donde no hay acceso directo al agua potable ni a la energía, a pesar de que las redes de distribución se encuentren a escasos metros en la mayoría de los casos”. Tampoco hay “ningún tipo de red de saneamientos, ni recogida de basuras”, ha concluido la diputada andaluza, que espera que “el sentido común se recupere a raíz de esta última sentencia judicial”.