El sindicato CSIF ha puesto en evidencia los problemas de seguridad y de hacinamiento que, a su juicio, provocarán las obras previstas en el centro penitenciario de Huelva, ya que para su ejecución es necesario reestructurar las unidades residenciales de los internos. Las mencionadas obras, que cuentan con presupuesto de 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses, afectan al abastecimiento de agua, seguridad y otras infraestructuras que se han deteriorado en los 25 años de funcionamientos de la prisión.
CSIF explica que el inicio de estas reformas estaba previsto para el pasado mes de abril pero, debido a la situación de emergencia sanitaria y el confinamiento durante el estado de alarma, quedaron aplazadas hasta este mes de noviembre. Y precisamente en estos momentos, el sindicato ha advertido de que las obras en el centro penitenciario, que actualmente se encuentra al 100% de ocupación, obligarán a sobreocupar las unidades para los internos ya que es necesario ir desalojando los módulos de los reclusos para acometer las mejoras en las infraestructuras.
Esto provocará que haya internos que tengan que compartir celda y “este hacinamiento derivará en tensiones y altercados, tal y como se constata cuando se produce una sobreocupación. Esto supondrá una merma importante en la seguridad del centro y las condiciones de trabajo de los funcionarios se ven gravemente afectadas”, advierte el sindicato.
Además, en el contexto actual de la pandemia de la Covid-19, será más difícil controlar los posibles casos positivos ya que las obras obligarán a reubicar constantemente a los internos. Según ha podido conocer CSIF, se irá trabajando por unidades y cada una de ellas cuenta con dos módulos, por lo que habrá que redistribuir a la población reclusa afectada. “Como no tenemos espacio porque estamos al 100% de capacidad, algunos internos tendrán que compartir celda teniendo que alterar, además, la clasificación interna”, precisa el sindicato. Esto contraviene la propia normativa del Reglamento Penitenciario donde se establece que todos los internos se alojarán en celdas individuales. Los módulos tienen una capacidad para 72 reclusos pero se verá incrementada hasta los 110 internos, según estimaciones de la central sindical, como consecuencia de las obras en el centro.
Por todo ello, CSIF pidió un aplazamiento de las reformas más aun considerando que “nos encontramos en el momento más crítico desde el inicio de la pandemia, con una incidencia que se sitúa en datos de la media nacional y siendo conscientes de lo que puede suponer que surjan contagios en estas condiciones en la prisión onubense”. La central sindical ha intentado que la Administración entienda “lo que supone acometer unas obras de estas características con el 100% de la ocupación del centro y planteamos como solución parcial la disminución del número de internos, tal y como se ha hecho en otros centros”.
En este sentido, CSIF ha planteado que se pueda trasladar a los reclusos que carezcan de vinculación familiar en la provincia de Huelva y, de esta forma, reducir el porcentaje de ocupación y tener margen para reubicar a los internos sin tener que compartir celdas. Sin embargo, la Administración “ha hecho oídos sordos a esta propuesta”, algo que la central sindical no termina de comprender cuando desde Instituciones Penitenciarias se reconoce que centros como Málaga II de Archidona están al 40% de su capacidad y con la adecuada dotación de profesionales podría albergar a los reclusos de La Ribera sin vinculación familiar en Huelva.
Finalmente, CSIF recuerda que desde el inicio de la pandemia ningún recluso se ha visto afectado por la Covid-19 y todo ello es fruto “de la implicación por parte del personal que ha sido capaz de contener la entrada del virus en el centro, además de las medidas tomadas que, en parte, han surgido en las numerosas reuniones llevadas a cabo por el Comité de Seguridad y Salud desde el inicio de la pandemia”. Los siete trabajadores que se han contagiado se encuentran ya en fase de recuperación.
