Tras dos semanas de protestas con cuatro concentraciones en hospitales y centros sanitarios, la Junta de Andalucía va a derogar la orden del 8 de noviembre por la que se recortaban derechos laborales básicos de los profesionales de la sanidad pública. Las movilizaciones, unidas a las negociaciones con la Administración, han dado como resultado la derogación de esta normativa que “sin control ni criterios objetivos permitía tomar medidas excepcionales que afectaban a derechos fundamentales del personal para hacer frente a la pandemia de la Covid-19”, según ha explicado el sindicato CSIF.

Aunque la central sindical valora esta revocación, no avala la nueva propuesta que sustituirá a la anterior ya que “rechazamos cualquier medida que recorte derechos de los trabajadores y las trabajadoras”. No obstante, CSIF asegura que se ha conseguido incluir algunas modificaciones que acotan el margen de maniobra de la Administración, las limita en el tiempo y necesitan una negociación previa para poder ejecutarlas. De este modo, se ha logrado suprimir el hecho de que los gerentes pudieran decidir unilateralmente sobre permisos y jornadas de las plantillas.

Además, tras las protestas y las negociaciones, se han preservado derechos básicos relacionados con los permisos, la jornada laboral, descansos, conciliación y cuidado de familiares, gestación, maternidad y paternidad.

En este sentido, el responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, asegura que “nos mantendremos vigilantes para que no se exprima al personal de la sanidad pública ni se eliminen derechos con la excusa de la pandemia”. Cercadillo ha recalcado que “en vez de premiar y reconocer la labor de este colectivo, se pretendía poner sus derechos en manos de los gerentes que podían decidir sobre jornadas, vacaciones o licencias sin negociación ni criterios preestablecidos”.

El portavoz sindical recuerda que “los profesionales de la sanidad han demostrado su entrega y su dedicación con el sobreesfuerzo que realizan continuamente para prestar la mejor atención posible a los pacientes”. Por eso, “no entendíamos ese castigo hacia ellos que pretendía dejarlos sin los descansos obligatorios y sin permisos y licencias básicas para cualquier trabajador”.

Por ello, tal y como se ha acordado con la Administración, en el caso de extrema crisis sanitaria, la aplicación de medidas restrictivas para el personal deberá contar con la publicación previa en un Plan de Contingencia donde deberán estar recogidos los criterios objetivos para justificarla y deberán estar negociadas previamente en la mesa sectorial. Por ello, cualquier medida excepcional tendrá que estar debidamente argumentada y deberá debatirse en el foro de negociación.

Con esta nueva situación, las concentraciones previstas para esta semana (en el hospital de Riotinto mañana martes y en el centro de salud de El Torrejón el jueves) quedan suspendidas.