La sección sindical provincial de Instituciones Penitenciarias de CSIF ha alertado este miércoles del retraso en el proceso de vacunación del personal de la prisión de Huelva que, a día de hoy, desconoce cuándo se les va a administrar la primera dosis a pesar de estar incluidos en el grupo 3, según la última actualización del documento Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. En este sentido, la central sindical asegura que no se ha respetado el orden establecido ya que colectivos del grupo 6, como docentes y cuerpos de seguridad, ya se han vacunado mientras que el personal penitenciario de la provincia de Huelva -un colectivo que asciende a más de 560 efectivos- aún no tienen fecha prevista.
Según ha podido saber la central sindical, en otras comunidades autónomas el personal de Instituciones Penitenciarias ya se ha vacunado y en las provincias de Almería y Jaén tienen un calendario ya fijado para comenzar el proceso. No es así en la provincia de Huelva donde hay “una falta de información preocupante sobre este tema a pesar de que el personal penitenciario es considerado como esencial dentro de la estrategia nacional de vacunación”.
En este sentido, CSIF advierte que, además de la ausencia de información, los trabajadores de prisiones están sufriendo la falta de planificación, gestión y coordinación entre administraciones, al no haber recibido la cantidad suficiente de vacunas de AstraZeneca, que es la que les corresponde a este colectivo. Además, el personal mayor de 55 años, al que se le tiene que administrar la vacuna de otro fabricante (Pfizer o Moderna), tampoco tiene conocimiento de cómo se va a proceder con ellos.
Esta situación está provocando inquietud entre el colectivo que se siente “desfavorecido” y asegura no entender “la lentitud del proceso” para el personal de prisiones, más aún cuando “estos trabajadores se han mantenido en sus puestos desde el inicio de la pandemia y llevan alertando desde entonces de los riesgos que se dan en el entorno penitenciario”.
Precisamente, el pasado mes de enero, CSIF envió escritos a la subdelegación del Gobierno (que aún no ha contestado) y a la delegación provincial de Sanidad para que se considerara prioritaria la vacunación a la plantilla de Instituciones Penitenciarias y a los internos ya que “en los centros conviven reclusos con sistemas inmunitarios muy debilitados, por lo que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por el SARS-CoV-2. La prisión se trata de un entorno cerrado donde las personas, incluidos los trabajadores, viven en condiciones de proximidad o de cercanía durante largos periodos de tiempo”. Estas condiciones -apunta CSIF- favorecen la propagación de la infección, “siendo el riesgo de contagio más alto que el de la población en general, por lo que un brote puede desencadenar todas las alarmas”.
Finalmente, la central sindical ha considerado “lamentable” que siendo personal esencial “se esté asumiendo un riesgo tan elevado tanto para los trabajadores, como para sus familiares, y los internos del centro”. Desde CSIF se espera que las administraciones resuelvan este problema lo antes posible ya que supone, además, “una discriminación y un agravio comparativo” ante el resto de trabajadores de Instituciones Penitenciarias de otras provincias.
