«La atención a la dependencia se verá fortalecida gracias a la inversión histórica, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, de 731 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, que el Gobierno de España destinará a la transformación de la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social», según explica la diputada nacional del PSOE por Huelva, Pilar Rodríguez.
Rodríguez, portavoz adjunta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, ha aplaudido esta nueva medida del Ejecutivo central “que demuestra, una vez más, su sensibilidad con las personas más vulnerables, absolutamente consciente de que invertir en dependencia es contribuir al fortalecimiento y a la mejora del estado del bienestar, que es lo que hemos abanderado siempre desde el Partido Socialista”.
Según Rodríguez, “los 731 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas, por tanto, la atención a la dependencia en la provincia de Huelva se verá beneficiada gracias a esta nueva inyección económica. El Gobierno de España, con decisiones como ésta da tranquilidad a miles de familias onubenses en situación de dependencia, que en esta pandemia que estamos padeciendo ha quedado más que demostrado lo necesario que es garantizar una atención adecuada a las personas dependientes y mayores”.
La diputada ha especificado que de esa cantidad, hasta 482,4 millones irán destinados a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, proporcionándoles la atención necesaria para ello; mientras que los centros residenciales deberán constituirse como entornos similares a los domésticos.
Otros 216,9 millones se invertirán en reformar el modelo de atención a la infancia, invirtiendo en la mejora de centros residenciales que garanticen su bienestar, y en la modernización tecnológica de los servicios sociales, su digitalización y la mejora de su funcionamiento.
Finalmente, habrá otra partida de 31,5 millones destinada a acabar con los obstáculos que impiden garantizar la accesibilidad universal. En este ámbito se apostará por demandas históricas como la adecuación de espacios físicos, transporte público y la mejora de los canales de comunicación con las administraciones públicas (por ejemplo, accesibilidad cognitiva).
La portavoz adjunta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad no ha dudado en aseverar que el Gobierno de España es un ejemplo a seguir y el espejo en el que deberían de mirarse algunas autonomías, sobre todo aquellas gobernadas por el PP, como la andaluza que, en vez de contribuir al sistema, está abocando a la Dependencia a una parálisis, con una gestión pésima que es inconcebible”.
