Los onubenses podrán moverse por toda Andalucía desde este próximo jueves, al levantarse los cierres perimetrales de las ocho provincias, aunque deberán seguir teniendo en cuenta que hay localidades sometidas a cierres perimetrales por superar los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes en 14 días.
El anuncio de esta nueva movilidad ha sido realizado esta tarde por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tras la reunión que ha mantenido con el comité de expertos. Moreno ha anunciado, además de esta novedad, que se mantiene el cierre perimetral para la comunidad salvo por motivos justificados. Igualmente, se mantiene el toque de queda entre las 11.00 y las 06.00 horas, así como el número de personas que pueden reunirse en el exterior o el interior de los bares o restaurantes (6 como máximo, en la calle, y 4 dentro).
El comercio, la restauración y la hostelería podrá estar abierto hasta las 22.30 horas, sin excepciones, de manera que en las poblaciones que se vean sometidas a cierre perimetral por estar con una tasa superior a 500 no se aplicará como ahora el cierre a las 20.30 horas.
Sí se mantiene el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial para todas aquellas poblaciones que superen una tasa de contagio de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La novedad en este caso es que la aplicación de la norma era automática hasta ahora para los municipios de más de 1.500 habitantes y a partir de este jueves se amplía para los que tengan más de 5.000 habitantes. Los que tengan menos de esta población se analizarán sus situaciones específicas de manera individual y serán los comités de cada provincia los que tomen las medidas que se les aplican.
Todas estas medidas que ha anunciado este martes el presidente de la Junta se mantendrán hasta el próximo 9 de mayo, fecha en la que el Gobierno ha anunciado que decaerá el estado de alarma. Moreno ha vuelto a insistir en que a partir de ese día no se sabe a ciencia cierta si se podrá o no mantener el toque de queda o los cierre perimetrales, al no estar claro bajo qué soporte legal cada comunidad autónoma puede adoptar ese tipo de medidas.
