El portavoz provincial de Podemos Huelva, Hermes Gómez, ha reclamado este miércoles que “la cárcel de Huelva cumpla con las normas y se la dote de personal médico”, ya que, para una población de 1.200 reclusos más 300 trabajadores “solo existen dos médicos en toda la prisión, que son la subdirectora médica y un médico en activo”. Sin embargo, la plantilla inicial de facultativos “es de ocho”.
Así, Gómez, que ha calificado la situación de “dramática”, ha exigido que las administraciones estatal y autonómica se pongan de acuerdo en cuanto a las competencias en administraciones penitenciarias, que “en estos momentos se encuentra en un impás, en un supuesto trasvase de esas competencias, lo cual está provocando una dejadez en las funciones para solucionar una problemática compleja y que puede dar origen a conflictos aún mayores”, tal y como también señalan desde Acaip-UGT.
“No olvidemos que la población reclusa, en general, tiene peor estado de salud que el resto de la ciudadanía”, ha recordado el portavoz morado, para explicar que se trata de personas con enfermedades como “sida, hepatitis, y otras de tipo infectocontagiosas, así como psiquiátricas o enfermedades neurodegenerativas”. Asimismo, un gran porcentaje de los reclusos tienen problemas de drogadicción. Todo ello muestra las dificultades añadidas en un entorno como es la cárcel, donde esta falta de atención médica puede repercutir en conflictos entre los presos al verse desatendidos de sus dolencias e, incluso, con los funcionarios de prisiones.
“Hay días en los que no hay médico en el centro penitenciario, y la atención recae exclusivamente en el personal de enfermería”, ha detallado, un personal formado por 12 enfermeros y cuatro auxiliares que “trabajan con una gran presión y con peores condiciones laborales que sus homólogos en los hospitales, al igual que ocurre en el caso de los médicos”.
Por otra parte, Gómez ha indicado que mientras no se destinan recursos humanos a solventar las circunstancias extremas en la cárcel La Ribera “sí se estén llevando a cabo obras” en la misma “para modernizar las unidades residenciales con nuevas medidas de seguridad”, como alarmas contra incendios y cámaras de video vigilancia, que suponen un coste de 700.000 euros por cada unidad. Por ahora se ha actuado solo en una de las unidades residenciales, además de que se quiere actuar en otras zonas comunes que también se quieren modernizar con estas medidas.
Desde Podemos están “de acuerdo” en que se quieran implementar nuevas medidas de seguridad en la cárcel, tal y como ha apuntado Gómez, pero “es del todo absurdo e incongruente que se gasten miles y miles de euros en unas medidas que no valen de nada si no hay médicos para atender a un preso cuando este se ponga enfermo, marcando la diferencia entre la vida y la muerte”.
