La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha calificado como “inaplazable una propuesta seria y viable de alternativas habitacionales para los asentamientos agrícolas de la provincia, una propuesta que no se quede en el papel, que esté calendarizada, con presupuestos reales y que tenga en cuenta a las asociaciones implicadas, pero sobre todo, que se ajuste a la realidad de las personas que allí habitan”.
La delegación lo ha manifestado a raíz de los dos incendios ocurridos esta última semana en los asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto. La organización informa de que en el incendio sufrido en la localidad de Palos de la Frontera el pasado 16 de mayo de madrugada, no ha habido que lamentar pérdidas humanas, a pesar de que se han quemado varias hectáreas y de que se estima que un 60% de las chabolas han quedado destruidas y dos personas han resultado heridas leves.
No ha sido así en el caso de Lucena del Puerto, donde la situación es “sangrante”, a juicio de la asociación. El incendio, que se produjo la madrugada del miércoles, se ha cobrado la vida de dos personas, un hombre y una mujer. Con ellos, son ya tres las personas fallecidas a causa del fuego en estos asentamientos, en el 2019 también murió un joven en Palos de la Frontera. “Los asentamientos deberían ser una vergüenza en pleno siglo XXI”, critica la APDHA Huelva.
“No se explica cómo ni una pandemia ha posibilitado que, de una vez, se ponga fin a esta indigna situación habitacional para estas personas que, con su mano de obra y muchas veces desde la explotación, sostienen la riqueza del sector agrícola de Huelva”, lamenta la delegación.
Asimismo, exige una vez más a las autoridades de la provincia acciones que realmente solucionen el déficit habitacional, que ofrezcan un lugar seguro para las personas temporeras y que pondrían fin a la historia de los incendios con trágicos resultados.
Desde las Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Huelva reclaman a las instituciones una implicación urgente y real, con mayores recursos e intervenciones para las personas y colectivos que más lo necesitan, que pongan fin a dos décadas de indiferencia y a una sistemática vulneración de los derechos de las personas trabajadoras de los campos de la provincia.
