El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (COITI) ejerce la acusación particular en la que se enjuiciará a un “falso Ingeniero Técnico Industrial” por los presuntos delitos de intrusismo profesional, falsedad de documento público y delito continuado de estafa.
El hasta ahora investigado se hizo pasar por Ingeniero Técnico Industrial, sin estar en posesión de la titulación reglamentaria, desempeñando las funciones propias de la profesión en una empresa de Huelva.
Según el relato de la Fiscalía, el denunciado, expedía a los distintos clientes la documentación firmada con el membrete del COITI Huelva, número de colegiado y el coste de la actividad, apoderándose de forma ilícita de las cantidades requeridas.
Tras iniciarse este proceso legal por parte de los servicios jurídicos del COITI Huelva se verificó que el acusado no estaba colegiado y que en el colegio de Huelva carecía de la acreditación del título oficial, pudiéndose comprobar con posterioridad que no había obtenido la titulación de Ingeniero Técnico Industrial ni por la Universidad de Huelva, ni por otras universidades.
Posteriormente, el denunciado se colegió en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, aportando documentación que acreditaba ser titulado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, que finalmente resultó ser un documento manipulado cuya falsedad, es objeto de acusación.
Por ello, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla también se ha mostrado como parte en la causa, ejerciendo igualmente la acusación particular en las actuaciones judiciales que han derivado tras la inicial denuncia de colegio onubense.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, en el ejercicio de sus funciones, pone de manifiesto su «compromiso en defensa de los servicios que prestan los ingenieros colegiados frente a casos de intrusismo profesional como este, que perjudican a la profesión y a la ciudadanía».
Desde la Junta de Gobierno del COITI se lamenta que «se sigan produciendo situaciones como estas» e instan a los ciudadanos a que «contacten directamente con el Colegio para verificar la profesionalidad de los redactores de los trabajos de ingeniería y se exija el visado profesional en aquellos proyectos que así lo requieran».
En este sentido, el Colegio, que como se ha dicho ejerce la acusación particular en este caso, se adherirá a las peticiones del Ministerio Fiscal, y continuará «velando para que los trabajos que corresponden a las profesiones técnicas tituladas, sean realizados por quienes estén acreditados para llevar a cabo los mismos, en las distintas facetas de las titulaciones profesionales que conviven en las ramas de la ingeniería, pero siempre ofreciendo a la sociedad las garantías que ofrecen los colegios profesionales, a través de las herramientas que les proporciona la Ley de Colegios Profesionales, en atención al mandato constitucional que les proporciona el artículo 36 de la Constitución».
