El sindicato CSIF ha denunciado que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva están funcionando con un tercio de su plantilla. En concreto, según los datos que maneja la central sindical, sólo están cubiertas 51 de las 158 plazas que están contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone que estos centros de trabajo sólo cuentan con el 32,27% de su personal. Con un total de 61.492 personas paradas en el ámbito onubense, la media de atención al demandante de empleo es de un trabajador para cada 1.205 personas usuarias. Con estas cifras, Huelva es la provincia andaluza con tercer peor dato sólo después de Cádiz y Málaga.
Mientras que se está dando esta circunstancia, la Junta de Andalucía ha establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del SAE están funcionando con poco más del 30% de su plantilla. Por ello, CSIF ha lamentado, una vez más, la “notoria carencia de personal” de estas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas de sus Relaciones de Puestos de Trabajo”.
Además, la central sindical explica que “no se entiende que, existiendo un cuerpo específico en la Administración que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Junta recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”.
Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia de la Covid-19”.
El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se plantea el sindicato ya que cuestiona si estos procesos se van a desarrollar con todas las garantías desde empresas privadas.
Finalmente, CSIF urge que desde Función Pública se autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”.
