Desde el PCA en Huelva «condenamos el derribo de chabolas en el asentamiento de ‘Las Madres’, por parte del Ayuntamiento de Moguer, así como el corte del suministro de agua a los asentamientos de Lucena, por parte de su Ayuntamiento. Además, denunciamos públicamente que estas prácticas existen porque es lo que convienen a algunos empresarios y a algunos alcaldes cómplices de estos intereses».
Según el PCA, «estas situaciones de agresión y acoso a los derechos más básicos de la gente, se suman a otras muchas que ya conocemos; entre las más graves, negarse a empadronar a las personas que viven en los asentamientos o negarse a intermediar para garantizar el acceso a alquileres o a poner en marcha los albergues municipales para población temporera. En realidad, las diversas soluciones a la existencia de los asentamientos chabolistas están sobre la mesa desde hace muchos años, sin embargo no existe voluntad, por parte de estos ayuntamientos, para hacerlo».
«Precisamente, porque sabemos que la solución pasa por tener voluntad para abordar el problema, –desde el PCA en Huelva– pensamos que el chabolismo existe en muchos municipios agrícolas de España porque es lo que le interesa a determinadas empresas. Pero eso no sería posible sin la complicidad de algunos alcaldes que actúan como caciques, manteniendo a la gente en chabolas para obligarlas a aceptar cualquier condición de trabajo para sobrevivir».
«Estas prácticas, que atentan contra los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, sí son las que perjudican a la imagen del sector, de nuestro país y de nuestros municipios, y no la exigencia de que se cumplan los más elementales derechos humanos y las denuncias de indolencia de las administraciones ante su evidente incumplimiento.
Por estos motivos venimos exigiendo voluntad para garantizar el derecho a acceder a una vivienda a las personas que actualmente viven en asentamientos, para acabar de una vez por todas con la vulnerabilidad extrema de miles de personas. Mientras tanto, seguiremos apoyando a las personas que residen en los asentamientos, a las entidades que les prestan ayuda y presionando a las distintas administraciones», concluye el PCA.
