En un “extenso y meticuloso” documento, Mesa de la Ría ha presentado casi un centenar de alegaciones contra el proyecto de Fertibera para las balsas de fosfoyesos, en las que se pone de manifiesto la “absoluta inviabilidad técnica y jurídica” del plan propuesto por la empresa de fertilizantes, pues básicamente consiste “en un simple tapado superficial con una capa de tierra de los residuos”, según palabras del portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán.
Para Mesa de la Ría, el “despropósito planteado por Fertiberia supone que 800.000 camiones cargados de tierra recorran la provincia onubense y descarguen dicho volumen de material sobre unas marismas que ya han superado muchísimo su capacidad portante para soportar el peso y la presión a la que están siendo sometidas. Hay estudios de la Universidad de Huelva, que han sido aportados como pruebas, que revelan que la magnitud de la presión soportada por la marisma, un terreno blando y fangoso, va a hacer que en cualquier momento el apilamiento de fosfoyesos colapse y se desparrame al cauce del río Tinto, con lo que el desastre medioambiental y económico alcanzará unas magnitudes hasta ahora desconocidas en nuestro país. No olvidemos que con toda seguridad la navegabilidad del río Odiel quedaría gravemente comprometida, con lo que esto supondría para el tráfico portuario, uno de los motores más importantes de la economía onubense”, ha advertido Gavilán.
Otros estudios de la Onubense, a los que se hace referencia, aclaran que el acopio de agua por parte de las balsas procede de la acción de las mareas, y no procede del agua de lluvia como argumenta Fertiberia, con lo que un simple tapado superficial no va a servir para evitar que se produzcan sine die filtraciones de elementos perjudiciales para la salud, como el arsénico, a la ría.
“La incongruencia del encaje urbanístico, que ahora el Ayuntamiento opina de manera favorable sobre esta cuestión, mientras que en 2015 y 2007 resolvió negativamente, es otro de los argumentos de peso alegados por Mesa de la Ría. Es un despropósito, desde el punto de vista jurídico, que ahora se diga que el proyecto es compatible con el PGOU de la ciudad, cuando en ocasiones anteriores, con la misma normativa de aplicación, no lo era”, asegura Gavilán.
El resto de alegaciones, hasta superar el medio centenar, se refieren a aspectos de salud pública, a la ausencia de actuaciones previstas para la zona 4 de las balsas (que ocupa casi unas 300 hectáreas) así como a la inexistencia de informes y estudios adicionales necesarios para la aprobación del proyecto.
