La Junta de Andalucía ha anunciado en el BOJA, de 4 de febrero, la subvención de 2,2 millones de euros a Fertiberia, según ha puesto de manifiesto Mesa de la Ría en una nota de prensa. “Abonar esta cantidad en pleno proceso de participación pública de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia, que pretende “tapar y esconder los residuos bajo una capa de tierra, es síntoma de que la Junta de Andalucía ve bien que a Huelva se la entierre entre residuos contaminados”, se indica desde la organización ambientalista.
Según el presidente de Mesa de la Ría, Juan Manuel Buendía, “el gobierno andaluz está premiando con dos millones de euros a una empresa que lleva décadas arruinando la vida y la salud de los onubenses, que ha provocado que convivamos con el mayor vertedero ilegal de residuos tóxicos y radiactivos de Europa, a 500 metros de nuestros hogares, y que además es incapaz de acometer la descontaminación de la zona como exige el principio de ‘quien contamina paga”.
En este sentido, Buendía asegura que “la concesión de ayudas a empresas delincuentes y contaminantes por el ejecutivo andaluz en la provincia de Huelva demuestra el interés de mantener sacrificada a una provincia que para actuales dirigentes de la Junta de Andalucía debe seguir siendo la cloaca de Europa”.
Tras conocer estos hechos, el colectivo ampliará la denuncia, ya aceptada por Bruselas, para evitar que las autoridades españolas concedan las subvenciones NextGenerationEU a empresas “contaminantes”, y en concreto al combinado empresarial ‘Fertiberia-Iberdrola’ que tiene intención de fabricar en Huelva “hidrógeno gris” publicitándolo como “hidrógeno verde”.
Mesa de la Ría recuerda que Fertiberia fue condenada por delitos tales como “la ilegal gestión de ácidos arsenicales, que añadieron contaminación a las balsas de fosfoyesos y a la cuenca minera”.
Igualmente, años después, Fertiberia obtuvo otra sentencia penal por un delito contra los recursos naturales, gestión ilegal de residuos tóxicos y peligrosos (Cenizas de Pirita), las cuales fueron depositadas en la ‘Zona 1’ de las balsas de fosfoyesos (marismas del Pinar), zona gestionada por el Puerto y que aún permanece contaminada.
