Mesa de la Ría ha anunciado que presentará una queja contra la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo andaluz, por los fosfoyesos y «el boicoteo al que somete la administración autonómica a los ciudadanos en relación al tapado de los fosfoyesos».
La organización pone en conocimiento de Maeztu que la administración andaluza impide que los onubenses presenten alegaciones contra la autorización ambiental del proyecto de Fertiberia.
Explica en un comunicado Mesa de la Ría que «hace varios meses que denunció públicamente que la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía devolvía los escritos que los ciudadanos presentaron. Eran alegaciones contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia para los fosfosyesos, y la administración andaluza les instó a que demostraran que eran parte interesada en el procedimiento.
En ese mismo momento, Mesa de la Ría puso a disposición de los afectados un escrito que justificaba la consideración de interesados a los ciudadanos que alegaron contra el proyecto, un trámite que fue rechazado de nuevo por la Junta de Andalucía
Así, la organización ha considerado oportuno que el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, conozca la situación y pueda intervenir en el conflicto, porque, para Mesa de la Ría, la Junta de Andalucía está “torciendo la Ley” con el objetivo de “justificar lo injustificable”, es decir, negar que se produzca la necesaria participación ciudadana en un procedimiento que afecta directamente a los derechos fundamentales protegidos en la Constitución como son los del derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado a la protección de la salud».
El proyecto se está sometiendo a evaluación ambiental, y afecta al mayor vertedero de residuos industriales de nuestro país, que ocupa una superficie de 1.200 hectáreas, en las que se han vertido más de cien millones de toneladas de fosfoyesos, además de residuos industriales de todo tipo, con lo que resulta más que evidente su afección al medio ambiente y a la salud de la población.
El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha asegurado que “todo esto coincide con la subvención de 2,3 millones de euros otorgada a la empresa Fertiberia, por lo que demuestra que a la Junta de Andalucía no le interesa la participación ciudadana y que la cacareada “revolución verde” anunciada por el presidente de la Junta no es más que la sumisión a los intereses de las empresas que contaminan la vida de los ciudadanos de Huelva”.
Mesa de la Ría continuará denunciando este trato a los ciudadanos en todos los órganos internacionales con competencias en la toma de decisiones sobre la descontaminación de la marisma de Huelva.
