La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el Ayuntamiento de Rociana del Condado niega empadronarse a más de 70 familias que residen desde hace más de siete años en el sector conocido como ‘calles peatonales 1 y 2’ y exige al alcalde que respete la legalidad vigente y permita la inscripción de estas personas en el padrón municipal.
La asociación recuerda al Ayuntamiento que, según la resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se dictan las instrucciones técnicas sobre la gestión del padrón municipal, este “debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico- privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico- sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”, por lo que la inscripción en el padrón es independiente de las posibles polémicas de la manera en la que estas casas hayan sido habitadas.
Es decir, explica la asociación, el hecho de que las viviendas sean propiedad de un banco, aunque algunos aseguran que pagaron hasta cinco mil euros por vivir en ese lugar, no supone un argumento para denegar la inscripción en el padrón y la normativa vigente diluye cualquier ambigüedad de si su empadronamiento es pertinente o no, asegura la APDHA Huelva.
Por ello, la organización reclama que el Ayuntamiento desista en su práctica sistemática de impedir el acceso al trámite de empadronamiento, al no recoger la documentación que aportan los vecinos y vecinas y advierte de que “esta obstaculización del acceso al padrón puede constituir delitos de prevaricación o contra los derechos individuales de la ciudanía”.
Asimismo, la delegación onubense de la organización social, reclama una respuesta a la solicitud de reunión con el alcalde, Diego Pichardo Rivero, que solicitó hace casi un mes, dado que, hasta el momento, “nadie se ha puesto en contacto con la APDHA”.
La APDHA Huelva reivindica, una vez más, el derecho al empadronamiento de todas las personas que lo soliciten, sin obstáculos y amparados en el derecho vigente. Además, exige mecanismos de verificación para que este derecho sea garantizado a las personas que viven en la provincia de Huelva en general, ya que que no poder empadronarse obstaculiza el ejercicio y el acceso a otros derechos.
La organización considera “intolerables las actuaciones manifiestamente fuera de la normativa de algunos responsables públicos, que impiden el desarrollo de derechos fundamentales de un gran número de personas en nuestra provincia”.
