Domingo 29 de Enero de 2023

Diputación adjudica por 35 millones la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

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El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, la adjudicación del contrato para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que la institución provincial presta desde hace más de treinta años en las nueve zonas básicas de servicios sociales en las que está dividida la provincia. El importe total de la adjudicación es de treinta y cinco millones de euros anuales y ha contado con el voto favorable del grupo socialista y del grupo popular, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra de la diputada no adscrita, María Ponce.

Este servicio presta atención personal, doméstica y socioeducativa a personas dependientes, personas mayores, personas con discapacidad o familias con menores que lo necesitan.

La adjudicación del contrato se ha hecho por lotes. Y de esta forma, el lote uno, formado por las zonas del Andévalo, el Cinturón Agroindustrial y la Costa, se ha adjudicado a la empresa de diversificación integral del Andévalo (EDIA). El lote dos, integrado por las zonas de servicios sociales del Condado Norte, Condado Sur y Ribera del Tinto, se ha adjudicado a la empresa Macrosad, al igual que el lote tres, formado por la Cuenca Minera, Sierra Este y Sierra Oeste.


Actualmente se benefician de este servicio más de 6.000 personas, atendidas por alrededor de 2.000 auxiliares. El perfil medio de la persona usuaria del SAD es el de una mujer de entre 80 y 89 años, que vive sola, y que tiene un nivel de dependencia de grado II. El aseo e higiene personal, la ayuda para vestirse, el acompañamiento dentro y fuera del hogar y el apoyo en la movilidad dentro del hogar, son sus principales necesidades.

Con un presupuesto que este año ronda los 35 millones de euros, la Diputación de Huelva presta este servicio, sobre el que pivota gran parte del bienestar físico y psicológico de miles de personas vulnerables de la provincia, gracias a convenios firmados con la Junta de Andalucía para su financiación en el ámbito del Sistema de Dependencia y de la Ley Andaluza de Servicios Sociales.

 

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