La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha concentrado este miércoles ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, a la misma hora que el resto de uniones provinciales lo han hecho en las demás provincias andaluzas para denunciar que hay un déficit de 45.000 empleados públicos.
El objetivo de esta manifestación ha sido denunciar el deterioro de los servicios públicos básicos en nuestra comunidad y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan. Estas concentraciones, que han tenido lugar de forma simultánea, se desarrollan bajo el lema Servicios Públicos, lo primero, y su objetivo es denunciar las carencias en Sanidad, Educación, Justicia y en la Administración General autonómica.
El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, ha realizado declaraciones a los medios antes de la concentración. Ha manifestado que «hay que visibilizar la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público y que difiere sustancialmente de las afirmaciones grandilocuentes que se realizan de forma recurrente por parte del gobierno andaluz».
Asimismo, Quilón ha subrayado que «la ciudadanía percibe este deterioro de los servicios públicos cuando acude a un centro de salud, intenta obtener cita previa o espera un diagnóstico o una operación, cuando acude a un centro educativo y ve que no hay nadie en la secretaría, cuando está a la espera de un juicio señalado para meses o años después, etc».
«La sobrecarga del trabajo que sufren los empleados públicos es patente y CSIF no se queda de brazos cruzados. Defendemos a nuestro colectivo pero también a la ciudadanía que es a quienes sirven”, ha sentenciado.
«La presunta apuesta del gobierno andaluz por los servicios públicos está condenada a una progresiva externalización de los mismos como ocurre en la sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o entre el personal de administración y servicios en los centros educativos».
La sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta con 16.000 efectivos menos, según recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay actualmente 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las necesidades que cubren.
CSIF reprocha a la Administración que “haya olvidado el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento, a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo».
En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, lamenta «la destrucción de unidades en la escuela pública, con 1.256 menos en los últimos tres cursos escolares completos, y el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio. Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles».
!La atención a la diversidad constituye también una asignatura pendiente, ya que el incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el sistema no es proporcional el creciente número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de manera que la Junta de Andalucía quiere hacer más con mucho menos de lo necesario y esto es lo que provoca que exista una crítica unánime por parte de la comunidad educativa en este sentido».
CSIF cifra en 12.000 los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Andalucía para que estuvieran adecuadamente dimensionadas: 6.000 efectivos del Cuerpo de Maestros, 4.600 de Secundaria y 1.400 de PT y AL para la atención a la diversidad.
Por otra parte, en materia de Justicia CSIF estima que Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más «para poner fin a la Justicia tardía, al tratarse un déficit que es histórico y estructural. En Justicia no se amplían las plantillas desde hace más de 25 años».
En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, «cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen». Además el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración.
