La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en el que se encuentran. Para ello, el sindicato reitera a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que desarrolle una Orden que acabe con la precaria situación laboral que padece este colectivo y que ya ha sido denunciada por la central sindical en varias ocasiones.
El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado que la Junta “no mueva ficha” para regularizar al colectivo de celadores forestales y que aún no haya respondido a la propuesta de proyecto de Orden que la central sindical le hizo el 21 de marzo de 2022 para subsanar las deficiencias laborales que padecen.
El responsable sindical denuncia que el Gobierno andaluz “se olvida año tras año de los celadores forestales y los ningunea e ignora cada vez que reclaman mejorar sus condiciones laborales, a pesar del gran trabajo que desarrollan para proteger el medio ambiente y exponerse a riesgos constantes”.
“En Huelva, al personal laboral le faltan vehículos para realizar sus actuaciones, incluso algunos vehículos no se encuentran adaptados para poder realizar sus funciones debido a que son utilitarios y presentan problemas para circular por carriles”, añade el responsable del sector AGJA de CSIF en Huelva, Emilio Gallango.
Para CSIF es urgente que a estos trabajadores se les dote de herramientas legales de las que carecen por el momento y se les reclasifique del grupo IV, al que pertenecen, al grupo III, de manera que se equiparen al personal que ejerce estas funciones en el resto de comunidades autónomas.
El sector de AGJA recuerda a la Junta que en 2018 ya emitió una Resolución por la que se expedían los certificados de profesionalidad, derivados del procedimiento de acreditación de competencias, que permitían a los celadores forestales realizar funciones de una categoría superior. Pese a ello, CSIF-A critica que la Junta sigue sin pagar a este colectivo en función de esa responsabilidad y asunción de competencias y les niega la reclasificación, aun cuando el coste de la misma es ínfimo. En este sentido, el sindicato reclama a la Junta que remunere a los trabajadores por las competencias y funciones que realizan y que ella misma reconoce.
Además, Dorado considera lamentable que se vaya a proponer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el próximo 8 de febrero con un coste total de 1.202.645,10€ -938.967,24€ respecto a salarios a los que habría sumar un coste de Seguridad Social de 263.677,86€- mayoritariamente para costear la creación de nueve Puestos de Libre Designación (PLD) y por el contrario a los celadores forestales se les siga sin reconocer el trabajo que realizan correspondiente a una categoría superior. “Si pasase esto en la empresa privada nos llevaríamos las manos a la cabeza”, apunta el dirigente sindical.
Petición de reunión de la Subcomisión de Vigilancia
El sector de AGJA además reclama que se resuelva esta indefensión y que se convoque lo antes posible una reunión de la Subcomisión de Vigilancia de la Consejería de Sostenibilidad para debatir y acordar los términos de la orden y sea publicada a la mayor brevedad posible. Además, pide la convocatoria de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo para iniciar el procedimiento de reclasificación de los celadores forestales del grupo IV al grupo III.
Por último, el presidente andaluz del sector de AGJA urge a la Consejería de Sostenibilidad a que se siente a hablar para tratar este asunto y “nos convoque a una reunión lo antes posible”, teniendo en cuenta que desde CSIF-A la hemos solicitado ya en varias ocasiones.
