La huelga general de los funcionarios y funcionarias de Justicia, con paros de 24 horas, convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en la Justicia–, junto a STAJ, CCOO y UGT para exigir una subida salarial digna en línea con las funciones que realizan a diario, ha sido un éxito rotundo, con un seguimiento del 90% por parte de los 500 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales en Huelva.
El 95 por ciento de los juicios previstos para el día de hoy han quedado suspendidos (la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social), y solo se ha mantenido la celebración de aquellos relacionados con derechos fundamentales. Así lo ha puesto de manifiesto la responsable del Sector de Justicia de CSIF en Huelva, Mari Paz de la Cruz, que ha participado en la concentración convocada a las puertas de los juzgados de lo social en Huelva.
Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Las movilizaciones se endurecerán si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica. De hecho, ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, e incluso no se descarta la convocatoria de un paro indefinido. Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios) pero la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia.
Más de 500 trabajadores de Huelva llamados a la huelga en Justicia
En concreto, están llamados a los paros de 24 horas los 45.000 trabajadores en todo el territorio nacional, siendo 9.000 en Andalucía y 500 en Huelva, que constituyen el 93 por ciento de la plantilla: gestores procesales y administrativos, atención al ciudadano, registro de documentos, redacción y distribución de diligencias, autos, notificaciones, etc. También se incluyen médicos forenses y facultativos de toxicología, técnicos de laboratorio, etc.
“Ya hemos tenido suficiente paciencia con ministra Llop y con el Gobierno. Si no mueven ficha, la Justicia colapsará y ellos serán los únicos responsables. Además, con su negativa a negociar y atender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Justicia, el Gobierno demuestra su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”, destaca Mari Paz de la Cruz, responsable de Justicia de CSIF.
En este sentido, De la Cruz ha advertido que “la ministra no puede amparar que haya trabajadores de primera y de segunda” en materia de retribuciones, y que “si hay dinero para mejoras salariales tiene que ser para todos, en especial para el 93 de la plantilla de Justicia y por cuyas manos pasan el cien por cien de todos los papeles que afectan a los ciudadanos en su relación con este servicio público”.
