Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales, que suponen el 93% del conjunto del personal que compone la Administración de Justicia, iniciarán el próximo lunes, 22 de mayo, una huelga indefinida por una subida salarial acorde con las funciones que realizan.

En Huelva, desde que comenzó el conflicto, hay unos 20.000 juicios suspendidos y aplazados, además de 8.000  demandas sin registrar, según datos del comité de huelga. La responsable del Sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha señalado que el Ministerio, encabezado por Pilar Llop, ha ignorado las demandas y el endurecimiento de las protestas de los trabajadores de justicia «a pesar de los efectos negativos para la ciudadanía».

El último contacto entre el Ministerio y los representantes de los trabajadores fue el 24 de abril, en cambio el Ministerio ha atendido y respondido positivamente a otros colectivos. En este sentido, el sindicato convocante mayoritario, CSIF, espera una participación masiva de la huelga para protestar contra la discriminación hacia este colectivo en comparación con otros y reclamar un reconocimiento profesional y retributivo adecuado por su trabajo.

La responsable sindical de CSIF Huelva ha subrayado que los funcionarios de Justicia –unos 500 en Huelva, 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España— están siendo tratados como «funcionarios de segunda» frente a otros cuerpos, y ha recordado que «llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente», de forma que «si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca», ha argumentado.

Desde abril, se han llevado a cabo paros parciales, huelgas de 24 horas y movilizaciones en dependencias judiciales como parte de un calendario de movilizaciones a lo largo de toda la provincia de Huelva: Ayamonte, Moguer, Valverde, Aracena y Huelva Capital, y está prevista además una gran manifestación en Madrid el día 25 de mayo.

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT– exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar ya que hasta el momento el Ministerio no ha presentado una oferta seria. En  concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones de los funcionarios de justicia que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros.

Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Los sindicatos han registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y también a negociar la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios.