CSIF Huelva, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una presencia en constante crecimiento en el sector privado, denuncia que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Isla Cristina se vio obligado a abandonar sus puestos de trabajo este jueves bajo la escolta de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado debido a las amenazas de los usuarios.
Emilio Gallango, responsable del sector, relata que la jornada de ayer en la oficina de Isla Cristina fue testigo de una situación «inaceptable en la que nuestros compañeros y compañeras se vieron forzados a abandonar su lugar de trabajo bajo la escolta de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado». Esta medida fue necesaria debido a la falta de vigilancia y la presión «inadmisible» ejercida por los usuarios.
«CSIF condena de manera enérgica cualquier forma de intimidación o coacción dirigida hacia los empleados públicos y lamenta profundamente este incidente», demanda Gallango.
El líder sindical subraya que «esta situación no puede considerarse un incidente aislado». Más bien, es el resultado directo de una política de recortes en materia de seguridad llevada a cabo por la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, es importante señalar que, a diferencia de otros servicios públicos, se ha negado la posibilidad de teletrabajo a nuestros empleados públicos, lo que agrava aún más la situación.
Gallango destaca que «la integridad física de nuestros empleados públicos está en peligro, y esta problemática pone en jaque el funcionamiento normal de un servicio público que consideramos esencial para la comunidad andaluza».
CSIF hace un llamado «urgente» a la Junta de Andalucía para que tome «sin demora» todas las medidas necesarias a nivel provincial con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los empleados públicos. «Además, instamos a garantizar el derecho de estos profesionales a desempeñar sus funciones sin correr riesgos para su integridad física», exige Emilio Gallango.
«Exigimos una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades competentes para abordar este problema de seguridad y garantizar que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de amenazas», concluye Gallango.
