CSIF Huelva, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con una presencia en constante crecimiento en el sector privado, ha participado en un acto de protesta frente a la puerta de la Junta de Andalucía para dar inicio a una serie de movilizaciones bajo el lema «La Junta no cumple» que se han celebrado de forma simultánea en todas las capitales andaluzas y que concluirán el día 4 de octubre en Sevilla, ante el Palacio de San Telmo.
Estas manifestaciones tienen como objetivo denunciar el incumplimiento del Acuerdo firmado en 2018 por parte de la Junta de Andalucía y exigir la recuperación de beneficios y pagos pendientes a los empleados públicos de la administración autonómica, como las ayudas de Acción Social y la parte autonómica de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014.
Emilio Gallango, responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF en Huelva, ha destacado que la Junta de Andalucía no ha cumplido con aspectos fundamentales de este acuerdo, y solo se le pide “que cumpla el Acuerdo, que la Junta recupere las ayudas de Acción Social y las pagas extra pendientes desde hace una década”.
En sus declaraciones a los medios, Gallango ha resaltado que todas las demás comunidades autónomas de España, a excepción de Andalucía, han logrado recuperar las Ayudas de Acción Social. Este hecho es especialmente relevante en tiempos económicos difíciles, ya que estas ayudas pueden ser de gran ayuda para las familias en aspectos como la conciliación laboral y familiar.
En este sentido, Gallango ha resaltado que los empleados públicos en Andalucía han experimentado una pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los años debido a medidas como la reducción salarial del 5% en 2010 y las subsiguientes congelaciones de sus retribuciones. CSIF considera que es esencial reconocer los esfuerzos de estos empleados y garantizar una remuneración justa.
El responsable de AGJA ha subrayado además que el sindicato ha actuado con responsabilidad y flexibilidad en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia de la Covid-19. No obstante, “ha llegado el momento de que alcemos la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras”, ha manifestado.
