La creación de una mesa técnica de apoyo a los municipios de la provincia afectados por la borrasca Bernard y la restauración de las zonas mineras degradadas de la Cuenca del Odiel para la mejora de la calidad de las aguas y la garantía de ejecución de las infraestructuras de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros son las dos iniciativas que el grupo popular presenta al Pleno ordinario de la Diputación de Huelva, que se celebrará mañana miércoles.

La vicepresidenta y portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Rocío Moreno, ha presentado ambas mociones, aunque, como ha adelantado, “una de ellas, la del apoyo a los municipios afectados por la borrasca, se convertirá en una Declaración Institucional con el apoyo de todos los grupos políticos presentes en la Cámara provincial”.

En la moción del grupo popular se solicita la creación de una mesa técnica de apoyo a los municipios onubenses inferiores a 20.000 habitantes que se vieron afectados por la borrasca Bernard para que, previa solicitud de los mismos, se examine y evalúe desde el punto de vista técnico-económico si reúnen los requisitos legales para la solicitud de declaración de zona catastrófica al amparo de la legislación afectada.

Según recoge la moción, en la provincia se activaron 30 planes de emergencia municipal y un total de 41 municipios onubenses se vieron afectados gravemente. Desde Diputación se considera que muchos de esos municipios afectados carecen o tienen muy limitada su capacidad administrativa y técnica para la gestión de dichas solicitudes. Por ello, y según la moción, de ser positivo ese análisis técnico, la Diputación apoyará administrativamente al municipio afectado para la presentación de la solicitud al Gobierno de España.

Como ha adelantado la portavoz del equipo de gobierno, el Pleno ratificará una Declaración Institucional en la que, junto con las solicitudes que recoge la moción del grupo popular, se incluirá también “instar al Gobierno de España a que declare Zona Catastrófica los municipios afectados y a la Junta de Andalucía para que habilite ayudas, sobre todo para nuestros campos, al objeto de completar ese 100 por cien que el Gobierno de España no puede dar. Asimismo, se quiere poner a disposición esa mesa técnica y habilitar fondos para esos municipios”. Para Rocío Moreno, “la sensibilidad y el esfuerzo conjunto es muy importante en estos momentos”.

En la segunda iniciativa, el grupo popular propone a los municipios de la Faja Pirítica de Huelva que sometan a la aprobación de sus respectivos plenos, declarar de utilidad pública e interés social la eliminación de los pasivos mineros de las minas abandonadas históricamente. Al mismo tiempo, que todos los municipios trasladen el acuerdo al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, solicitando que tramite el expediente necesario para que el Consejo de Ministros adopte el acuerdo declarando de Interés General del Estado la remediación de pasivos mineros en la Faja Pirítica Ibérica.

Al mismo tiempo, en la moción se solicita atender la invitación de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva( COPREHU) para, como han hecho otras instituciones de Huelva como la Autoridad Portuaria y el ayuntamiento de la capital, y numerosas organizaciones como la FOE, Freshuelva, Asaja, UPA, etc, se apoye el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y COPREHU para la finalización de las obras de la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, haciendo encomienda de gestión del convenio de regulación a la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que la declaración de impacto ambiental, la DIA-Alcolea, está vigente y resuelve la cuestión de la calidad del agua para los usos previstos.

Por último, Rocío Moreno ha señalado que se solicita también que por los servicios de la Diputación competentes “se estudie la viabilidad de un proyecto que se acoja a Interreg, para en la región transfronteriza Algarve-Alentejo-Huelva-Andalucía, se estudien y realicen propuestas de medidas sobre buenas prácticas en la gestión del agua y de la mano de obra, los dos más importantes problemas y déficit que tiene la agricultura de la región transfronteriza hispano-lusa.