Las familias del alumnado del IES José Antonio Fernández Muriel de Lepe han acordado por unanimidad iniciar acciones legales contra los responsables administrativos de este centro educativo, que cuenta con cerca de 1.200 alumnos/as, «por permitir la situación de insalubridad y peligrosidad del mismo durante varios cursos».
Según ha informado la Asociación de Padres y Madres del Alumnado del instituto «la decisión se tomó ayer tarde en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el propio centro, donde los padres y madres pudieron ver por sí mismo el lamentable estado de limpieza y de mantenimiento en el que se encuentra este instituto, con cerca de 50 años de antigüedad, así como la falta de personal para desarrollar esas labores, que van agravando la situación a medida que pasa el tiempo. La falta de personal de limpieza lleva a que la suciedad se esté acumulando en aulas, baños y patios, generando una situación de insalubridad que ya están acusando algunos menores».
Desde el Ampa se hace mención especial «a la situación de las cuatro aulas modulares, conocidas como “Las Caracolas” que, en principio se habían colocado de forma provisional, y que llevan años funcionando sin las mínimas condiciones de habitabilidad (no tienen calefacción ni aire acondicionado, ni medios técnicos, están situadas a pie de una calle industrial con constante ruido del tráfico, están rodeadas por una parcela llena de maleza, no disponen de baño en funcionamiento, no reciben limpieza, y junto a ellas hay una pequeña valla por la que entran y salen personas sin autorización y no pertenecientes al centro)».
Otra de las circunstancias que agravan la situación, explican, «es el cierre de baños del instituto, así como el estado de los mismos, ya que el centro sólo mantiene abiertos unos pocos por no poder limpiar los demás, lo que deja el resto de edificios y plantas del instituto sin posibilidad de usar sus baños, obligando a desplazamientos a otro edificio, con grandes concentraciones y esperas, ya que su uso está permitido sólo durante el recreo». Así, lamentan, «se han registrado casos de infecciones de orina, así como numerosas quejas por parte de alumnas cuando tienen la menstruación. Estos baños no tienen manillas, ni cerrojos en las puertas, en muchos casos tampoco tapas en los inodoros, e incluso agujeros que obligan a poner algún objeto taponándolos, para mantener la intimidad».
Además, «el mobiliario está extremadamente deteriorado. La reposición de sillas y mesas de los últimos años ha sido insignificante, por lo que es normal la escasez de sillas, que tengan que robarse de unas aulas a otras, y el gran deterioro y rotura de las mesas y sillas existentes».
Las familias, que a diario reciben las quejas por parte de sus hijos e hijas, consideran «peligrosa» la situación y «contraria a la prevención de riesgos», y destacan tanto la «falta de salubridad del edificio y sus instalaciones como las grandes carencias de mantenimiento del mismo». Y es que, aseveran, «muchos enchufes, interruptores, cajas de registro eléctrico, etc., se encuentran rotos, con cableado a la vista y sin ningún tipo de protección, lo que supone un grave riesgo no sólo para el alumnado del centro sino para todas las personas de la comunidad educativa. Gran cantidad de esquinas y paredes de aulas y pasillos tienen los azulejos rotos o desprendidos, lo que puede causar fácilmente heridas».
Para finalizar, los padres explican que «todos estos problemas se han trasladado en varias ocasiones tanto a la Dirección del IES como a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, sin que se haya alcanzado una solución. En concreto se han enviado varias peticiones registradas a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo (la última de ellas con un anexo de firmas de las familias) sin que se haya recibido ninguna respuesta por parte de la Administración Educativa, por lo que la decisión unánime de denunciar judicialmente la situación es la única salida que los padres y madres han visto viable».
Por todo ello, desde el AMPA no se descarta organizar, además, manifestaciones de protesta «para exigir una mejora de las condiciones en las que nuestros hijos e hijas se ven obligados a recibir su educación en un centro de titularidad pública».
