La concejala de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, ha presentado este jueves una iniciativa al pleno del próximo miércoles para que se elabore un decreto donde queden recogidas las clausulas sociales a los contratos públicos que realice el equipo de gobierno para los diferentes servicios que se prestan en la ciudad.
Según Rossi, el presupuesto contratado para empresas externas que prestan servicios municipales es de 77 millones de euros (el 58% del total) en el año 2022 (Según datos de la ARef) por lo que estas empresas se convierten en una “herramienta fundamental para el Desarrollo del estado de Bienestar” mientras esta gestión de servicios no sea 100% publica.
En este sentido, Rossi ha recalcado que la normativa europea y estatal cada vez incide más en la aplicación de criterios sociales a la hora de adjudicar contratos para trabajar con las administraciones públicas, por lo que cada vez se tiene más en cuenta que las empresas que quieran acceder a esos contratos tengan entre sus objetivos internos medidas, sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en el que la contratación pública desempeña un papel clave.
Rossi ha criticado que, a día de hoy, esta premisa “no se cumple en la ciudad de Huelva, y hemos tenido casos conocidos de empresas que acumularon retrasos en el pago a los trabajadores o que no dotan del material adecuado a los mismos. Ejemplos claros son los de la situación de los trabajadores de la Plantilla de Parques y Jardines que piden material adecuado y más plantilla, la situación vivida por trabajadores y trabajadoras de polideportivos municipales o trabajadoras de la limpieza con problemas de adeudos de nóminas o auxiliares de ayuda a domicilio.
Por todo ello, Rossi propone que el Ayuntamiento de Huelva elabore un decreto propio de condiciones para la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad en la contratación pública, consensuado con agentes sociales y partidos políticos.
Del mismo modo, solicita que desde el consistorio se valore en los pliegos de contratación a las empresas de Economía Social y/o Solidarias que desarrollen su trabajo con personas en proceso de inclusión social, estableciendo los mecanismos que legalmente existen.
Por ello, Rossi entiende que el Ayuntamiento “no debe encerrarse en tener en cuenta la oferta más ventajosa económicamente sino que también tenga en cuenta características sociales”.
Igualmente, Rossi estima que el Ayuntamiento de Huelva no prorrogue los contratos vigentes, redactando, cuando expire cada uno de ellos, un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y medioambientales, en aplicación del decreto trabajado y aprobado.
Por último, propone crear una comisión municipal de seguimiento de la contratación pública, participada por partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores/as, para realizar un seguimiento de la correcta prestación de los servicios y aplicación de las cláusulas que se especifiquen en los contratos públicos.
